Ex trabajadores de Oceanografía bloquean la JLCA

Texto y foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya

Ciudad del Carmen
Jueves 4 de julio, 2019

Tras seis horas de mantener bloqueadas las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ex empleados de Oceanografía y sus familiares aceptaron esperar siete días para que las autoridades estatales les den respuesta al pliego petitorio que presentaron, en el cual incluyen la destitución de Javier Ignacio Cherres Sierra, presidente de la JLCA, como una de sus demandas.

Las oficinas de la JLCA fueron bloqueadas desde las 7:30 horas aproximadamente, cuando unas 50 personas arribaron al edificio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

[b]Por obstaculizar la justicia[/b]

Horacio Terán Vanoye y Nicolás Ruiz Rodríguez, representantes de los ex trabajadores, ratificaron el pronunciamiento que hicieron en días pasados, al exigir la destitución Cherres Sierra, a quien consideran responsable del retraso en los procesos que siguen contra la naviera.

Expresaron que la renuncia del titular de la STPS, Jorge Radamés Romero Bock, retrasará aún más sus solicitudes de remate de la embarcaciones que mantienen embargadas, para el pago de sus liquidaciones y finiquitos.

A través de un pliego petitorio dirigido al gobernador Carlos Miguel Aysa González, los manifestantes solicitaron la destitución del presidente de la JLCA “por obstaculizar la justicia, y se le finquen responsabilidades por posible tráfico de influencias”; que se acuerde de manera inmediata, cumpliendo con los términos procesales, los requerimientos de pago y embargo; se integre la JLCA legalmente para efectos de que se haga justicia pronta y expedita, y se fije fecha y hora para rematar los bienes embargados de la empresa Oceanografía, tales como Caballo Azteca y otros.

[b]Disponibilidad al diálogo[/b]

Por su parte, Horacio Román Tomás, subsecretario de Vinculación de la STPS, manifestó que existe plena y absoluta disponibilidad al diálogo. Sin embargo, las respuestas no pueden ser inmediatas, al ser más de 170 expedientes, en diferentes fases de proceso.

Finalmente y tras dialogar con el subsecretario de Gobierno, Ramón Rodríguez, los inconformes acordaron retirarse y brindar un período de siete días a las autoridades para que les den respuesta a sus peticiones.