Hubert Carrera Palí
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 30 de abril, 2019
En lo que va de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche (Cdhcam) ya recibió cinco quejas y le da seguimiento a siete legajos por presunta violación a menores con algún tipo de discapacidad, reveló el ómbudsman Juan Antonio Renedo Dorantes, quien ayer acudió al Palacio Legislativo con el fin de presentar una iniciativa de ley para la protección de dicho grupo.
“La iniciativa que presentamos es porque en el Código Penal del Estado de Campeche, en cuanto al delito de abuso sexual, no se da la debida protección a los menores de edad ni a las personas con discapacidad según su edad, estado físico o mental”, subrayó.
Indicó que la iniciativa es para reformar el artículo 169 del Código Penal, a fin de armonizar el texto con el Código Penal Federal y los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia y personas con discapacidad víctimas de abuso sexual.
Precisó que en múltiples documentos legales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, la Ley General de Niños y Niñas Adolescentes, se establece en términos generales que el Estado vigilará y cumplirá sobre el interés general del niño y que se dicten medidas legislativas adecuadas para normar el buen desarrollo de los infantes, así como para su protección de toda violencia, la cual deberá ser debidamente castigada.
“En ese sentido consideramos que al artículo 169 del Código Penal se le debe de derogar la fracción V, toda vez que se refiere sólo a los menores en general y no contempla a los menores con discapacidad ni a las personas con discapacidad que así lo requieran”, precisó.
“Se debe normar el segundo párrafo de ese artículo, para que estos casos no se persigan sólo por querella de partes sino de oficio, y se debe sancionar con mayor severidad los casos de menores que no comprendan el significado del acto que se les hace o que aun con su consentimiento se les obligue a hacerlo, para que se les aplique una sanción más severa que no se deje a la decisión del órgano jurisdiccional”, abundó.
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