Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 27 de febrero, 2019

Las quejas y denuncias contra servidores públicos estatales han registrado un incremento de 21 por ciento en los dos últimos años, por lo que se deduce que avanza de manera importante la cultura de ética o de integridad, destacó el titular de la Contraloría del Gobierno del Estado (Seconcam), Julio Román Ruiz Carrillo.

En conferencia, añadió que de 2017 a la fecha esta dependencia recibió 313 quejas y denuncias contra entes públicos, de las que 259 están en proceso y sólo dos han sido turnadas ante la Fiscalía Anticorrupción, una de ellas por el presunto desvío de recursos públicos del Instituto de la Juventud (Injucam).

Detalló que del total de las denuncias y quejas ciudadanas todavía están por atenderse 56, del total de las 313, y que muchas de ellas sólo se hacen telefónicamente o la parte interesada no les da el seguimiento con la presentación de pruebas y argumentos.

[b]Permisos para obras[/b]

El funcionario estatal también se desmarcó de la responsabilidad que tiene la dependencia a su cargo en la supervisión de obras, ahora que el Ayuntamiento de Campeche llevó a cabo clausuras y suspensiones temporales por la supuesta falta de permisos.

Y aunque ha realizado recorridos a obras que están en proceso de construcción, el funcionario argumentó que ellos sólo constatan la calidad de las mismas luego de que estas se terminan y entregan.

El funcionario reconoció que la corrupción causa muchas afectaciones en las adjudicaciones y en las obras, de ahí la necesidad de intensificar el trabajo en contra de estas acciones mediante capacitación y cursos que inician desde la niñez.

Agregó que durante el presente año ya se realizó una calendarización de acciones de capacitación a las que se ha incorporado también el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y Carmen para atacar este mal.

Subrayó que es una instrucción precisa del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, que la Contraloría se convierta en un instrumento eficaz para inhibir estas malas prácticas que tanto daño han hecho al país y que en estas acciones participe activamente la ciudadanía, quien es directamente la beneficiaria de las acciones y obras de interés social que se realizan.


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