En Campeche, será opcional el uso de cubrebocas en empleados de dependencias

Durante el séptimo Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, señaló el uso del cubrebocas será opcional, particularmente en oficinas públicas, donde exigirán el esquema completo de vacunación y sólo aplicará para los trabajadores del gobierno del estado. 

Además, informó de la distribución de 102 millones de pesos en el sector salud, negociados con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), principalmente en medicamentos controlados. 

También advirtió a los becarios de posgrado que no han devuelto sus créditos a la Fundación Pablo García que los exhibirá si en una semana no se presentan a negociar sus adeudos, denunció un presunto fraude en el fertilizante comprado por el gobierno estatal y productores, y aclaró que para viajar a Guatemala, a una boda, no necesitaba permiso del Congreso estatal.

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Acompañada de la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, y de la titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriscam), Diana Arceo Sánchez, Sansores San Román dio a conocer sus puntos de vista sobre el uso innecesario del cubrebocas y mostró ejemplos de su poca efectividad para reducir los contagios, además de la contaminación que están generando en el medio ambiente pues ya los encuentran “tirados por todos lados”.

Subrayó la importancia de la vacunación que fue clave para la reducción de la mortalidad y consideró que la sana distancia y el cuidado de los propios ciudadanos es lo que realmente disminuyó, sobre todo en Campeche, los altos índices de Covid-19.

Por ello, dijo, el uso del cubrebocas es opcional, particularmente en oficinas públicas, aunque sí es obligatorio tener el esquema completo de vacunación para poder estar sin él, y propondrá hacer lo mismo en restaurantes y bares.

La secretaria de Salud explicó el destino de los 102 millones de pesos que recibieron del Insabi: 12 millones para mantenimiento al Centro Estatal de Oncología; 30 millones para el área biomédica de 10 hospitales y 69 millones para medicamentos, equipos y material de curación. 

Recibió también al director de la Fundación Pablo García, Carlos Ucán Yam, quien dio a conocer que han detectado deudores de becas de posgrado que van desde los 100 mil pesos hasta el millón 400 mil pesos, y precisó que los beneficiarios son hijos de ex funcionarios, ex dirigentes partidistas y directores de escuelas. 

Los beneficiarios de estas becas debieron devolver un 10 por ciento al término de sus estudios, pero nunca lo hicieron. En cambio, ejemplificó que el padre de un becario, de origen campesino, se presentó a liquidar la deuda de su hijo.

Ante la denuncia, la gobernadora advirtió que estos becarios tienen un plazo de una semana para presentarse a la Fundación a saldar su deuda o abonar, de lo contrario en el próximo Martes del Jaguar darán a conocer sus nombres. 

El secretario de Desarrollo Rural, Ramón Ochoa, acompañó a la gobernadora para revelar que detectaron un presunto fraude en la compra de fertilizantes por 88 millones de pesos, destinados a productores del campo, particularmente campesinos. 

Ante las quejas públicas de algunos, mandaron a analizar un saco y el resultado fue que de 46 por ciento de fósforo que debe tener, sólo encontraron 14.8 por ciento  y del nitrógeno, de 18 por ciento que debía tener sólo hallaron .46 por ciento, prácticamente nada.

Ante ello, la gobernadora recomendó tener cuidado en futuras compras, investigar quiénes son los proveedores, “hay que analizar si son fertilizantes de buena calidad, pues es gravísimo estafar a los que menos tienen, porque los campesinos ponen el 50 por ciento del costo”.

Finalmente, Sansores San Román refirió a una publicación sobre su viaje a Guatemala, a una boda, y lamentó que algunos periodistas ya no investiguen. Aclaró que no tenía que pedir permiso al Congreso, pues su ausencia sólo fue de un fin de semana y no de 15 días que sí la obligaría a pedir ese permiso, pero no mostró pruebas de como llegó al país vecino y si fue o no en el avión propiedad del gobierno del estado. 

Edición: Estefanía Cardeña