A tres meses de cambio de gobierno y dos con denuncias públicas en el Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que habrá repercusiones, pero que aún están integrando carpetas de observaciones para que realicen la denuncia formal ante la Secretaría de Contraloría, Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche y la Auditoría Superior del Estado.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Campeche, la gobernadora destacó que están adjuntando toda la información pertinente respecto a la entrega/recepción de la pasada administración en la que han encontrado irregularidades en más de la mitad de las dependencias, incluyendo las oficinas de la Secretaría General de Gobierno y la de la gobernadora.
Explicó que adjuntarán pruebas e información de utilidad para los organismos correctos de vigilancia y procuración de justicia para la salvaguarda de los recursos públicos que son generados a través de los impuestos de los ciudadanos y que sirven para la operatividad de los organismos públicos pero que no son utilizados en lo que son etiquetados.
Sansores San Román reconoció que son tres meses ya de su toma de posesión y como administración siente que “lleva años” por todo lo que se ha encontrado mal y que no puede generar una denuncia formal porque prevé que se encontrarán aún más cosas, ya que en caso de hacerla y luego proporcionar más información sólo hará que el proceso sea retrasado por el análisis de ese nuevo material.
Finalmente, la jefa del ejecutivo estatal recordó que en las primeras semanas que entraron, las observaciones fueron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las irregularidades van desde las unidades y el equipamiento de los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de vialidad, así como la falta de personal que está en nómina oficial.
En la Fiscalía, Renato Sales Heredia denunció que hay elementos ministeriales asignados directamente a funcionarios y ex funcionarios para que realizaran actividades correspondientes a su servicio de procuración de justicia, algunos eran guardaespaldas o escoltas, mientras que otros eran “casi niñeros”.
Dentro de la nueva información también hay baluartes y museos a cargo de la Secretaría de Turismo que están sumamente dañados; en la Fundación Pablo García ex becarios deudores pero familiares de funcionarios y ex funcionarios.
Recientemente, también señalaron un gasto por más de 4 millones de pesos que la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc) utilizó para cursos de marketing político que no fueron ejecutados.
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