La UNAM y el examen digital: una prueba para la gobernanza institucional

La UNAM, Alma Mater de muchas generaciones y referente nacional de educación superior y movilidad social, apuesta para el proceso de ingreso 2026 por un examen digital para el acceso a la licenciatura. La controversia surgida en torno a este proceso trasciende el ámbito tecnológico y permite reflexionar sobre políticas públicas, gobernanza institucional, innovación y legitimidad pública, precisamente los temas que ocupan este espacio.

Con la presentación del informe del Comité Técnico y las medidas anunciadas por la Rectoría, el caso se convierte en un problema mucho más amplio de gobernanza institucional. Entonces, la pregunta deja de ser: ¿Hubo fraude en el examen digital? y pasa a ser: ¿Cómo debe responder una institución pública cuando pierde certeza sobre la legitimidad de un proceso masivo?

Desde esa perspectiva, la UNAM enfrenta un problema clásico de gobernanza pública: recuperar la confianza sin destruir la legitimidad institucional. La fortaleza de las instituciones no radica en evitar todas las fallas, sino en la manera en que responden cuando éstas ocurren. Esto abre una discusión más amplia en, al menos, seis dimensiones, cuyas respuestas definitivas todavía no tenemos.

1. Gestión del riesgo institucional. La innovación tecnológica debe incorporar desde su diseño escenarios de contingencia. La confianza no puede descansar exclusivamente en la plataforma tecnológica.

2. Legitimidad de las decisiones públicas. Cuando una institución enfrenta incertidumbre, la legitimidad no depende únicamente del resultado final, sino también del procedimiento mediante el cual toma sus decisiones.

3. Transparencia, comunicación pública y rendición de cuentas. Una institución de esta naturaleza está sujeta a un intenso escrutinio público. Debe responder ante las y los aspirantes, sus familias, la comunidad universitaria, sus órganos colegiados y la sociedad en general. En ese contexto, la transparencia y la comunicación pública dejan de ser funciones accesorias para convertirse en componentes esenciales de la gobernanza institucional. En una crisis, los vacíos de información rara vez permanecen vacíos: suelen llenarse de incertidumbre, especulación y pérdida de confianza. Comunicar con oportunidad, claridad y suficiencia también forma parte de la solución.

4. Responsabilidad institucional, liderazgo y capacidad de respuesta. La gobernanza efectiva exige que las organizaciones no solo expliquen las causas de una falla, sino que demuestren capacidad para corregir procesos, fortalecer controles internos y ejercer un liderazgo oportuno. Frente a una situación que afecta a miles de aspirantes y sus familias, la oportunidad de las decisiones, la coordinación institucional y la claridad de las respuestas son determinantes para preservar la legitimidad y reconstruir la confianza. Cuando corresponda, la revisión de responsabilidades en los distintos niveles de conducción también forma parte del fortalecimiento institucional.

5. Gobernanza algorítmica. La inteligencia artificial puede mejorar procesos administrativos, pero no sustituye la responsabilidad institucional ni elimina la necesidad de supervisión humana.

6. Precedente para las políticas públicas. El caso probablemente marcará un antes y un después para los procesos de admisión en México. Más allá de la UNAM, las instituciones de educación superior que utilicen evaluaciones remotas deberán replantear sus modelos de autenticación, supervisión, ciberseguridad y gobernanza de la inteligencia artificial.

¿Cómo responde la Universidad Nacional a esta complejidad?

En pocos días, la UNAM adopta decisiones que ilustran una ruta de gobernanza institucional frente a la controversia. Primero, contiene el riesgo mediante la suspensión de las inscripciones. Después, busca evidencia con la integración de una Comisión Técnica independiente, conformada por especialistas de reconocido prestigio y perfiles interdisciplinarios, varios de ellos ajenos a la administración universitaria. Finalmente, inicia la recuperación de la gobernabilidad mediante la implementación de un examen de control presencial y el fortalecimiento de sus mecanismos de conducción institucional.

No obstante, la respuesta aún enfrenta un desafío importante de comunicación pública. El anuncio del examen de control requiere información clara, oportuna y suficiente para las y los aspirantes y sus familias: quiénes serán convocados, cómo se desarrollará la evaluación, cuáles serán los criterios de aplicación, en qué sedes y fechas se realizará, así como sus efectos sobre el calendario de admisión. En una situación de esta naturaleza, la certidumbre también se construye comunicando.

Desde esta mirada, la verdadera discusión ya no consiste únicamente en determinar si existieron irregularidades en un examen de admisión. La cuestión de fondo es si las instituciones públicas, particularmente las de educación superior, están desarrollando capacidades para anticipar, gestionar y corregir los riesgos derivados de la transformación digital. La confianza pública ya no depende solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de demostrar que existen mecanismos robustos para supervisarlas, auditarlas, comunicar sus decisiones y responder cuando fallan.

Así, el verdadero desafío no consiste únicamente en resolver una controversia de admisión, sino en preservar un bien público indispensable: la confianza social en las instituciones. En la medida en que la inteligencia artificial transforme cada vez más los procesos públicos, casos como éste dejarán de ser excepcionales. Lo que marcará la diferencia será la capacidad de las instituciones para anticiparse, responder con transparencia, aprender de sus propias decisiones y fortalecer continuamente su gobernanza.

Edición: Fernando Sierra