Denuncian a Raúl Pozos y Renato Sales ante la Codhecam

Tras revelarse que fue detenida por agentes ministeriales hace un par de semanas, y a su vez trasladada al penal de San Francisco Kobén bajo una orden de aprehensión por abuso de confianza, Natalia Loeza Arana, ex personal administrativo de la escuela secundaria técnica número 3 en la ciudad de Calkiní, denunció a Raúl Pozos Lanz y Renato Sales Heredia, secretario de Educación de Campeche y Fiscal General del Estado, por abuso de poder, acoso y detención ilegal de su persona.

A pesar de que no llevaba una copia de su denuncia, en entrevista dijo que ya había comenzado un proceso jurídico y legal en contra de los funcionarios estatales, y la razón por la que acudió a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) fue para dejar asentado que por pelear sus derechos laborales buscaron intimidarla con la fuerza pública, informó ante los medios de comunicación.

“Ustedes pensarán que sólo fue un intento de callarme, pero estoy temblando de miedo, porque ellos hoy son autoridad y con el ‘levantón’ que sufrí hace unas semanas temo por mi vida y la de mi familia, ya que estos usaron sus cargos para que renuncie a la lucha por mi reinstalación luego que fui dada de baja por una mal llamada Reforma Educativa, misma que Pozos Lanz aprobó como senador campechano”, aseveró.

Cuestionó si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, conoce el caso, por lo que pidió que la ayudara pues ella señala que sólo quiere que la regresen a trabajar, y explicó que lo ha hecho todo conforme a la ley.

“Sí, criticando y alzando la voz por mi pueblo, señalando los errores de cualquier gobierno, pero no más allá de eso, es injusto que me hayan detenido, llevado a un calabozo, no me hayan dado ni siquiera agua en las horas que estuve encerrada y para que luego me soltaran sin más”, agregó.

Fue en el 2015 cuando la personal administrativa junto a otros siete docentes fueron dados de baja por negarse a presentar la evaluación de desempeño que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó sea aplicada a los maestros y administrativos para, según señalaba, mejorar sus condiciones laborales, mantenerlas o en su caso ponerlos a disposición por bajo desempeño.

Tras ganar su laudo por despido injustificado, y tras los cambios de dicha reforma educativa, la Secretaría de Educación (Seduc), bajo el argumento que ella es personal administrativo y no entra en el estatus de docente para ser reinstalada, le negaron volverla a su puesto en la institución educativa mencionada, y sólo querían pagarle los sueldos caídos, a lo que la calkiniense se negó y continuó con su demanda laboral, ya ganada, pero aún no reinstalada. 

Edición: Estefanía Cardeña