Carmen: Ya son cuatro días de paro de labores en JFCA 52 por posible cierre

La STPS acudió a la oficina el viernes para liquidar a 20 empleados
Foto: Fernando Eloy

Ya van cuatro días sin que las autoridades centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) definan una fecha para acudir a dialogar con los abogados litigantes que mantienen suspendidas las labores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 52, con sede en Carmen, ante la amenaza de cerrarla y trasladar los expedientes a la capital del estado.

Este paro de labores que inició el pasado viernes, cuando personal de la STPS acudió a la JFCA 52 para liquidar a los 20 empleados con que cuenta esta instancia en la isla, se mantendrá por tiempo indefinido, aseguran los laboralistas que se encuentran en inconformes con esta determinación.

“Pese a que se nos considera la capital petrolera del México, resulta inconcebible que siendo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la más importante en el desahoga de casos laborales en el rubro petrolero de la entidad, se pretenda cerrar en perjuicio de más de 25 mil obreros que llevan juicios ante esta instancia”, afirmó Roberto de Jesús Kidnie Ramos, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Campeche.

 

Lee: Carmen: Abogados impiden audiencias en JFCA 52 tras anuncio de cierre

 

Acompañado de un grupo de aproximadamente 30 litigantes señaló que pese a que se ha solicitado el diálogo con las autoridades centrales, y éstas no han dado respuesta a su petición, ya que sólo han tenido la presencia de la presidenta de la Junta Federal 52, Verónica Torres Arminio, quien les ha cuestionado sobre las acciones que habrán de emprender.

“Las autoridades de la STPS no nos han dicho nada, no tenemos ni fecha ni hora, para que se dé el diálogo. Nosotros simplemente estamos protestando de manera pacífica, en contra de la decisión de llevarse los expedientes a Campeche, estamos solicitando que la Junta Federal 52 no desaparezca y que continúe laborando”.

 

Justicia

Kidnie Ramos explicó que se trata de un tema de justicia social, ya que los abogados laboralistas representan a la clase trabajadora de Carmen, quienes están pidiendo al gobierno federal que les dé una audiencia para exponer que no es una causa justificada el hecho que se traslade la Junta Federal 52 a la Ciudad de Campeche, por la carga laboral que existe.

Comparó que en la Junta 52 se encuentran vigentes y en litigio más de 5 mil expedientes, mientras en la 48, sólo mil; en el número de empleados en Carmen se tienen 21 y en Campeche sólo siete; y en el tema de las audiencias, en la Isla se desahogan hasta 45 en un día, mientras que en la capital del estado, sólo cinco.

“No debemos olvidar que esta JFCA fue creada para efectos de hacerle justicia a la clase obrera petrolera de Ciudad del Carmen, ya que se le considera la capital petrolera del país y la entidad, por lo que su cierre, sin completar los expedientes que se encuentran vigentes, es un duro golpe a los trabajadores de este sector, que han esperado durante años, sus resolutivos”.

Recordaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió al municipio de Carmen hacerle justicia en el rubro petrolero, por lo que el cierre de la Junta Federal 52, contrapone esta promesa, ya que Carmen por ser la principal zona de producción de crudo y la capital petrolera del país, tiene asentadas en la Isla oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas más importantes del sector energético, por lo que es incongruente que siendo una JFCA principalmente petrolera con mayor carga laboral, no se le quiera hacer justicia a los obreros, añadió. 

“Al trasladar los expedientes a Campeche se traería una carga económica mayor a los obreros, quienes buscan soluciones, ya que acudieron a estas instancia a denunciar violaciones de sus derechos, pidiendo justicia y ahora se les da la espalada y se les deja en estado de indefensión”.

Los abogados laboralistas subrayaron que se mantendrán en protestas, evitando que se lleven a cabo audiencias, en tanto no se realice un diálogo con las autoridades centrales de la STPS.


Edición: Estefanía Cardeña


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