Abogados laboralistas se mantienen desde el pasado viernes en protesta, sin permitir que se lleven a cabo audiencias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 52, en Carmen, ante la pretensión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de cerrar estas oficinas y trasladarlas a la capital del Campeche, liquidando a 20 empleados de la dependencia, pese a que más de 5 mil expedientes se encuentran siendo desahogados; por lo que exigen la presencia de personal de oficinas centrales para dialogar con ellos, al considerar violatoria la determinación de cerrar estas instalaciones.
A decir de los abogados, el pasado viernes se presentó en estas oficinas de la Junta Federal número 52, Luis Portillo Bencomo, coordinador general de Administración de Personal de la JFCA, para entrevistarse con los 20 empleados con que cuenta esta instancia en la isla, con el objetivo de darles a conocer cuánto les correspondía de liquidación.
Señalaron que se les ofrece pagarles lo correspondiente a sus quincenas hasta el 31 de diciembre, así como la liquidación de acuerdo con los años de servicio en la dependencia.
En la manifestación se explicó que se pretende liquidar a 20 empleados de la JFCA número 52, con sede en Carmen, de los cuales 11 son secretarias ejecutivas, tres secretarios de acuerdo, tres actuarios, dos proyectistas y un auxiliar.
Ante esta situación, un grupo de aproximadamente 30 abogados litigantes laborales de Carmen solicitó dialogar con el funcionario, quien se negó a atenderlos, procediendo a retirarse de las oficinas, sin responder a la solicitud que se les hiciera.
Tras la negativa del funcionario de la JFCA, los abogados tomaron la determinación de no permitir que se desahogaran las audiencias programadas para este día y por el tiempo que sea necesario, en tanto no acuda personal de oficinas centrales de la STPS, para dialogar con ellos.
Los litigantes cerraron las puertas de la JFCA 52, al tiempo que -en voz de Mercy Osana Luna Guzmán- señalaron que su protesta es para exigir a las oficinas centrales que expliquen los motivos por lo que se determinó cerrar las de Carmen, cuando en ellas aún faltan por desahogarse más de 5 mil expedientes que representan los derechos de más de 30 mil obreros, ya que en algunos de ellos son interpuestos por cinco o más personas.
“Quieren cerrar estas oficinas en Carmen, en las que se desahogan más de 5 mil expedientes y llevárselos a Campeche, con lo que en logística ello representa pero, además, en unas oficinas en donde no se cuenta con el personal suficiente, ni con la experiencia suficiente, para el desahogo de las audiencias que se requieren”.
Detallaron que mientras en Carmen existe un rezago de 5 mil expedientes, en la capital del estado se cuenta sólo con mil expedientes; en la isla laboran 20 empleados y en Campeche siete; así como que en la JFCA se desahogan hasta 45 audiencias al día y en Campeche cinco.
Afectación
Subrayaron que de llevarse a cabo el cierre de estas oficinas estarían afectando a todos los involucrados, a los abogados, a las empresas, a los patrones y, principalmente a los obreros, quienes tendrían que trasladarse a la capital de estado para llevar a cabo sus trámites.
“Hay entidades en donde se está llevando a cabo el cierre de las oficinas de las JFCA, sin embargo, en muchos casos, estas se ubican en un mismo edificio o en las mismas ciudades, pero en el caso de Carmen y Campeche, estas se encuentran a más de 240 kilómetros de distancia, con los gastos que el traslado generaría”.
Los abogados litigantes no permitieron el desahogo de las audiencias programadas y se mantienen en esta protesta, hasta que personal de oficinas centrales, acudan a dialogar con ellos.
Edición: Estefanía Cardeña
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