Tras la balacera entre agentes ministeriales y grupos armados en el poblado Alfredo V. Bonfil, y uno más en el ejido López Portillo del municipio Champotón, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Jesús Aguilar Díaz, exigió la renuncia del fiscal estatal Renato Sales Heredia y de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por considerarlos inoperantes y sobrepasados en el tema de inseguridad al grado que hay temor en los ciudadanos.
Agregó que ya no es necesario llamarlos a comparecer como buscaron desde el año pasado y los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se opusieron.
El diputado aseguró esto es un clamor social, la gente tiene temor y está decepcionada de las autoridades pues desde hace meses hay cierres de negocios por amenazas y presiones derivadas del cobro por derecho de piso.
“Incluso les puedo decir de un caso que conozco, cerraron un negocio debido a que era vigilada una amiga y su familia, tenían un comercio en la avenida Gobernadores, por la Guayita, y de pronto comenzaron las amenazas, les decían cosas muy íntimas y sobre todo, ya sabían sus horarios. Ella me relató de una ocasión que a su esposo se le hizo unos minutos tarde y le hablaron preguntando si no iba abrir su esposo, que comúnmente abría a determinadas horas”, relató.
El legislador hizo un llamado a ciudadanos y a autoridades para ser responsables, a los ciudadanos les pidió respetar medidas de prevención y seguridad, así como denunciar cualquier anomalía y acto de corrupción; a las autoridades les exigió dejar de mentir y “agarrar el toro por los cuernos”, porque de seguir intentando mantener todo a las mentiras, la situación empeorará.
Aseguró la estrategia debe cambiar, pues es evidente que los incidentes del miércoles y éste jueves podrían estar relacionados, ya que durante el transcurso del día también hubo un aparente motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso), esto al encontrar el cuerpo de uno de los internos en condiciones aparentes de suicidios, aunque la familia asegura fue asesinado al interior del penal.
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Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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