Tras el enfrentamiento entre elementos policiacos de la sede alterna con los manifestantes, que dejó como saldo dos mujeres heridas, así como agresiones contra un periodista, Nicte-Há Aguilera Silva y Ricardo Medina Farfán, candidatos priistas al sexto distrito local y a la presidencia municipal de Campeche, exigieron la destitución de la jefa del mando policial del estado, Marcela Muñoz Martínez, pues fue un acto premeditado y atroz en contra de las mujeres y hombres policías de la entidad.
Acompañado de la activista, quien es candidata al sexto distrito, Medina Farfán aseguró que la petición de las mujeres policías es no quedarse sin pago, pues no pueden dejar a sus familias sin sustento cada quincena; “ellas y ellos querían diálogo, información sobre su pago, el cual está retenido desde hace unas semanas, y todo parece ser un método de presión por parte del gobierno del estado”, expresó.
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Medina aseguró que la presencia de Renato Sales Heredia, fiscal del estado, así como de los mandos policiales en el área de manifestación, fue una burla para los elementos que estuvieron bajo el sol, mientras los funcionarios se paseaban en sus camionetas de lujo enclimatizados y en algunas ocasiones burlándose de las agentes.
Cuando los elementos no cayeron en provocaciones, los ataques fueron directos, Medina afirmó que “los aliados de Marcela Muñoz Martínez comenzaron a dar indicaciones para que salieran los elementos en la sede alterna, elementos que por cierto no salen ni a patrullar, solo cuando los llaman, los que patrullan son quienes mantienen la protesta por los malos tratos y los actos de corrupción en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC)”.
Llamó a sus compañeros diputados, y homólogos de otros partidos, a que soliciten la renuncia y juicio político de la funcionaria que se ha convertido en el talón de Aquiles en este gobierno, pues pese a sus errores no le han dado de baja, y sobre todo, hay observaciones con respecto a las irregularidades cometidas en el uso de recursos del presupuesto de tres años.
Edición: Fernando Sierra
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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