Alexia Villaseñor y Jared Laureles
Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche exigieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechen el proyecto de sentencia de su homóloga María Estela Ríos González, que se discutirá en la sesión de mañana, ya que plantea devolver el caso a un juzgado de distrito de su entidad federativa, y evita al máximo tribunal “pronunciarse de fondo” sobre la grave situación de contaminación del agua por plaguicidas que enfrentan los habitantes de la región.
En conferencia de prensa, señalaron que esta determinación sería un “retroceso”, ya que se prolongará por más tiempo su demanda de justicia, además de que no se toman en cuenta las pruebas que han recabado desde 2016, en colaboración de investigadores, e incluso, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual concluyó que el líquido no era apto para consumo humano.
Mencionaron que la ministra propone devolver el expediente al juez de distrito y reponga el procedimiento, bajo el argumento de que hace falta generar pruebas para poder acreditar la contaminación en Hopelchén y vuelva a emitir sentencia, “a pesar de reconocer las múltiples omisiones que cometió este juzgado”.
La situación de contaminación en las comunidades ya está “más que acreditada”, aseguraron.
Itzel Artega, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que acompaña el caso, puntualizó que se han aportado diversos estudios y peritajes que evidencian residuos de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas.
Recalcó que estos indicios, con base en el principio de precaución y de prevención de futuros riesgos ambientales, deberían bastar para que la Suprema Corte “pueda entrar al fondo del asunto, con el fin de proteger a las comunidades de daños mayores”.
Sostuvo que las comunidades no confían en el juzgado estatal, puesto que no tiene una perspectiva en derechos humanos, ambiental ni intercultural.
“No confiamos en las autoridades de Campeche, por eso se buscó a la Suprema Corte y tener la posibilidad de una sentencia mucho más protectora, que tenga un enfoque más integral. Desde ese punto de vista es que nos preocupa que se devuelva el expediente”, enfatizó.
Integrantes de las 17 comunidades de Hopelchén recordaron que interpusieron una demanda de amparo en 2020 ante la presencia de plaguicidas en los cuerpos de agua y acuíferos.
Sin embargo, la sentencia del juez consideró como no idóneas las pruebas aportadas por las comunidades. Por este motivo, recurrieron al máximo tribunal, cuyo recurso fue atraído en mayo de 2025.
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Los pobladores intentaron tener un encuentro personal con la ministra María Estela Ríos para exponer la relevancia de su caso. Sin embargo, personal de su ponencia les ofreció una reunión virtual, lo que consideraron como discriminatorio, dadas las dificultades que tienen las comunidades para conectarse a la red de internet.
Itzel Pech, integrante de la comunidad, detalló que desde la llegada de la agroindustria a gran escala de empresas transnacionales, hay una mayor contaminación por sustancias tóxicas y han deforestado poco más de 400 mil hectáreas en la entidad para la siembra de monocultivos.
Indicó que los cultivos agroindustriales vienen acompañados de agentes tecnológicos como son plaguicidas, glifosato, fipronil y otros agrotóxicos que son muy agresivos para la salud del medio ambiente, acuíferos y para las abejas.
Por ello, consideraron que la decisión de la ministra “implica evadir el fondo del problema que viven las comunidades mayas e ignora que se requieren acciones urgentes en contra de la política en materia de plaguicidas”.
Se trata, sostuvieron, de un asunto ambiental que debe resolverse con una perspectiva intercultural, tomando en consideración nuestra identidad indígena y la relación diferenciada que tenemos con nuestros territorios.
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