Hubert Carrera Palí
Foto: Javier Salinas
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 21 de diciembre, 2016

El Observatorio de Violencia Social y Género exigió justicia en contra de 41 defensoras y de los derechos humanos y periodistas que han sido asesinadas de 2010 a la fecha y aseguró que, semanalmente por lo menos, cuatro mujeres son víctimas de agresiones, principalmente por parte de servidores públicos.

Argentina Casanova Mendoza, dirigente de este organismo, puso en marcha la campaña para la defensa de los derechos humanos, para lo cual llevarán a cabo una serie de actividades que también se están promoviendo varios estados del país como parte de una red y una campaña de posicionamiento.

Detalló que estas acciones incluyen charlas, distribución de folletos y pegado de carteles, así como la difusión de videos relacionados a la violencia y a la violación a los derechos humanos de los que son objeto permanentemente sus defensoras en diferentes puntos del país.

Ley es letra muerta

Señaló que no obstante que en 2011 se promulgó una ley para ciudadanizar la Comisión de Derechos Humanos (CNDH); esto ha sido letra muerta en todo el país y Campeche no es la excepción. “En México se violan los derechos humanos constantemente con la censura y mucho peor con la autocensura”, aseguró.

Argentina Casanova señaló que esta cruzada que inició ayer en esta entidad es para exigirle al estado justicia para las defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas en el cumplimiento de su trabajo.

La también periodista y galardonada internacionalmente en concursos de poesías, se dijo preocupada por los crecientes indicadores de violencia y maltrato en contra de las mujeres defensoras de los derechos humanos, pero sobre todo por la omisión del estado a estos hechos.

Acusó que el estado mexicano ha sido incapaz de esclarecer tantos crímenes por la defensa de los derechos humanos y nos indica la gravedad de este problema a nivel nacional.

Argentina Casanova convocó a la sociedad civil a sumarse a esta cruzada que estará vigente permanentemente, con la finalidad de seguir exigiendo justicia por los asesinatos de las defensoras de los derechos humanos.


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