Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 18 de julio, 2018

“Le partieron la madre a miles de peninsulares que habían confiado en el Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY), con lo que se viene abajo todo un esfuerzo coordinado de más de seis años y millones de pesos para mitigar el cambio climático”.

De ese tamaño fue la magnitud de la declaración del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (Semarnatcam), Roberto Alcalá Ferráez, durante una entrevista que sostuvo con [i]La Jornada Maya[/i] para saber su punto de vista en relación a la revocación de los acuerdos del ASPY 2030, hasta no realizar una gran consulta a los pueblos indígenas mayas.

“Simplemente se acabó el ASPY” dijo frustradamente y con un enojo evidente en el rostro el funcionario, al condenar que organizaciones que se dicen ambientalistas como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) con sede en Bacalar, Quintana Roo, hayan asestado un golpe mortal a este acuerdo que sólo pretende contribuir a mitigar el cambio climático.

“Es una posición radical, tendenciosa y sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, criticó fuertemente la decisión de un juez federal que sin saber en torno a este tema ordenó una suspensión a dicho Acuerdo en tanto no se realice una consulta a los pueblos indígenas.

“No hay un soporte legal para frenar y acabar de un tajo con el ASPY, puesto que todo su programa se sustenta en la aplicación de políticas públicas ambientalistas y modelo ambientales que mitiguen el cambio climático”.

Para cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio climático ¿hay que pedir permiso a los ambientalistas? se cuestionó al tiempo de que reiteró su lamento por todo el trabajo inútil que se hizo con el total apoyo de instituciones gubernamentales, ONG, ambientalistas, académicos, científicos nacionales e internacionales, y el esfuerzo conjunto de los gobernadores de la península de Yucatán.

“Todo por un simple capricho de una organización ambientalista nefasta que sólo persigue intereses ajenos al cuidado del medio ambiente, porque en Quintana Roo existen fuertes presiones extranjeras para destruir lo poco que queda de la naturaleza y el entorno ecológico”.

Recordó que el Acuerdo se firmó en 2016 en Quintana Roo y con respaldo de los gobernadores de península de Yucatán, pero hoy todo se vino abajo, porque al menos Campeche no realizará ninguna consulta indígena en pro del cuidado del medio ambiente. “Por eso le rompieron la madre a miles de peninsulares que estaban a favor de este histórico Acuerdo”

[b]No habrá consulta[/b]

Subrayó que en Campeche no habrá ningún tipo de consulta, porque es facultad del Ejecutivo estatal decidir qué es lo que hace y qué no. En el caso de la Zona Económica Especial (ZEE) de Seybaplaya, y precisó que no tiene por qué llevarse a cabo consulta alguna, ya que el proyecto no forma parte del ASPY.

Por cierto, aprovechó para desmentir que el polígono de la ZEE de Seybaplaya sea de 2 mil 700 hectáreas, tal y como dio a conocer a [i]La Jornada Maya[/i]; la Secretaría de Desarrollo Comercial del gobierno del estado (Sedeco) precisó que la superficie es de mil 700 hectáreas.

[b]Principales metas del ASPY 2030[/b]

El objetivo del ASPY 2030 es fijar metas comunes entre los gobiernos peninsulares e implementar, de forma coordinada, estrategias para lograr la sustentabilidad de la península de Yucatán, reconociendo el valor de la biodiversidad y la necesidad del desarrollo rural sustentable para que las comunidades y ecosistemas puedan prosperar.

Las metas eran lograr cero deforestación neta en el año 2030, restaurar 2 millones de hectáreas terrestre, intensificación sustentable de la actividad agrícola en 250 mil hectáreas de terrenos agrícolas; intensificación sustentable de la ganadería en 250 mil hectáreas, reforestación y acciones de restauración en selvas degradadas; lograr que 50 por ciento del territorio terrestre y costero de la península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal; promover pasajes bioculturales mayas, atraer recursos provenientes de fuentes privadas o internacionales que representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados actualmente a promover la economía verde, restaurar 20 por ciento de las crestas arrecifales que protegen comunidades mayas e infraestructura.


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