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Foto: Afp
La Jornada Maya

Madrid, España
Viernes 9 de marzo, 2018

El Tribunal Supremo español rechazó hoy dejar en libertad al independentista Jordi Sànchez, candidato a la presidencia del Gobierno de Cataluña, para acudir al pleno convocado en el Parlamento de la región para debatir su posible investidura. El juez Pablo Llarena, que investiga el proceso separatista catalán, ha denegado la libertad solicitada por el candidato, así como los permisos extraordinarios que éste pidió para acudir a la sesión.

La decisión judicial supone un revés para el independentismo. Sin Sànchez presente en la Cámara, el candidato no podrá ser investido, salvo sorpresa de última hora. El Tribunal Constitucional español denegó también el miércoles su petición de excarcelación.

Sànchez, de 53 años, está en prisión provisional desde octubre investigado por un delito de sedición por supuestamente instigar varias concentraciones y protestas que tuvieron lugar en septiembre en Barcelona y que estaban vinculadas con el referéndum soberanista ilegal que se celebró unos días después en Cataluña.

El ahora diputado del partido Junts per Catalunya (JxCAT) fue de 2015 a final de 2017 líder de una de las principales organizaciones independentistas de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

El juez Llarena rechazó hoy su petición de libertad bajo el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva. En su auto, subraya que los presuntos delitos por los que se investiga a Sánchez "se desplegaron desde actuaciones "claramente ilegales y desatendiendo de manera flagrante los controles" del "ordenamiento jurídico".

El magistrado del Supremo destaca también que Sànchez formó parte de una candidatura electoral -JxCAT- que se presentó a las elecciones regionales de diciembre y "que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar" una Cataluña independiente de España.

En su auto, considera "intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia".

Sobre la petición de un permiso especial para salir de prisión el lunes y poder acudir al "Parlament", concluye que "aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección".

JxCAT y ERC acordaron esta semana designar a Sànchez candidato a la investidura después de que el ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont diera un paso a un lado para facilitar el desbloqueo de la situación en la región, cuya autonomía está intervenida por Madrid.

Puigdemont permanece en Bélgica desde octubre, cuando fue destituido por el Gobierno español de Mariano Rajoy, para evitar ser detenido en España, donde está siendo investigado por sus planes separatistas.

La gran incógnita es si el presidente del "Parlament" pospondrá el pleno del lunes si finalmente Sànchez no puede asistir de forma presencial, al igual que hizo a final de enero al comprobar que el entonces candidato, Puigdemont, no acudiría.


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