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Foto: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra de nuevo en la mira. El 27 de marzo de 2023, un incendio en el centro de detención del INM en Ciudad Juárez resultó en la muerte de 40 migrantes y la exhibición de una total carencia de protocolos a seguir en caso de protestas o siniestros; aparte, el asunto terminó en el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de quien fuera el titular de ese Instituto, Francisco Garduño Yáñez, el pasado 27 de septiembre. Eso sí, el acto fue producto de un fallo judicial.

Ahora, dos agentes del INM fueron separados de sus cargos, luego que se hiciera público que exigieron dinero a migrantes mexicanos (“paisanos”) que pretendían ingresar a territorio nacional con el objetivo de reunirse con sus familias durante la temporada navideña. El hecho se difundió desde el jueves pasado a través de las redes sociales, lo que precipitó la actuación de las autoridades.

El INM refirió que los hechos tuvieron lugar la noche del 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas. Al respecto, Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto, advirtió que no se tolerarán prácticas de corrupción en el organismo, y luego recalcó que “La instrucción de la Presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso del poder”.

Cabe entonces preguntar hacia quién es la lealtad de los agentes del INM, cuando actos como el que fue exhibido son contrarios a las órdenes de la Presidenta, ya no digamos que atentan contra la dignidad de esas heroínas y héroes, que ya en Estados Unidos viven amenazados por la política de deportaciones y separación de familias que impulsa Donald Trump, como para que sus propios connacionales también pretendan aprovecharse de ellos.

La siguiente pregunta es por qué prevalecen esas conductas en el INM, una dependencia que para muchos es el primer contacto con una agencia de gobierno mexicana. Es decir, es el primer rostro oficial para los extranjeros y connacionales residentes en otros países cuando pretenden retornar, y estos últimos, luego de pasar meses enviando remesas que son hasta la fecha uno de los principales motores de la economía nacional.

También es necesario mencionar que en este caso hubo una reacción más rápida que en 2023. El director del INM ya ha salido a decir que uno de los agentes fue separado de su cargo y está sujeto a investigación. Sin embargo, también tiene que hacerse notar que las autoridades reaccionaron cuando hubo una denuncia en redes sociales y ésta comenzó a difundirse. Esto, por supuesto, no quiere decir que haya sido un hecho aislado. Existe una cifra negra que no puede ignorarse y sí, en cambio, llevar las investigaciones hacia donde existan indicios de abusos y corrupción.

Reprobar institucionalmente los abusos contra migrantes extranjeros o connacionales que regresan es una obligación de las autoridades, y se ha procedido correctamente al interponer la denuncia puntual ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, en la declaración del titular del INM hay algo más por destacar: en el combate a los abusos y la corrupción está comprometida la investidura presidencial. Es una de las principales banderas de la Cuarta Transformación y por eso mismo debe buscarse la no repetición de los hechos. Esto quiere decir que la averiguación debe llegar a los funcionarios que han tolerado, permitido, favorecido o promovido la extorsión a los héroes y heroínas que regresan a México. 


Edición: Fernando Sierra


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