Opinión
La Jornada Maya
21/12/2025 | Mérida, Yucatán
Las iniciativas de los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León, con el fin de que en 2027 las candidaturas para encabezar el Ejecutivo de ambos estados sean solamente para mujeres, algo que, en apariencia, podría tomarse como un avance en lo que se refiere a la representación femenina en la vida política del país. Sin embargo, las lecturas en cuanto a los motivos detrás de ambas reformas legales van mucho más allá de lo que podría ser el fortalecimiento de esta representación pero, sobre todo, apuntan a esfuerzos por perpetuar esquemas que terminan por debilitar la democracia.
El principal motivo, sobre el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya ha lanzado una advertencia, en cuanto a que el fondo de ambas leyes tienen como fondo “otros temas”, que se traducen en el beneficio directo a las esposas de los actuales mandatarios estatales, lo que a su vez se interpreta como un intento por prolongar los respectivos mandatos por otros seis años.
Lo que exhiben ambas iniciativas de “ley esposa” es la profunda debilidad de la vida política en el ámbito local y lo arraigado que se encuentra la creencia de que los gobiernos se encuentran en manos de familias, al igual que ocurría durante el Porfiriato, cuando los relevos en el Ejecutivo local implicaban la llegada de un nuevo mandatario y “los suyos”, lo que significaba que la parentela se adueñaba de los cargos y aprovechaba para hacer negocios al amparo de los mismos; algo que también continuó después de la Revolución, especialmente en estados que eran tenidos más por cacicazgos que por gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Guerrero y la familia Figueroa, o el Estado de México y los Hank o los Del Mazo. Así, el impulsar la alternancia entre hombres y mujeres en los cargos públicos puede resultar en la normalización de familias gobernantes, más que de mandatarios electos en todas las entidades.
Intentemos también hacer a un lado la idea de que serían los hombres, a través de sus esposas, quienes ejercerían el poder real. En los Estados Unidos, hubo un momento en el cual se decía que Hillary Clinton siempre vestía blusas de cuello alto, cerrado, cuando su esposo el presidente William debía hacer una aparición en público; esto, explicaba el chiste, era para que no se viera el movimiento de garganta de la primera dama, como si ésta fuera un ventrílocuo. Es decir, que el ejercicio del poder, como pareja, es posible, siempre que las dos personas puedan definir, en lo privado, las funciones que desempeñará cada uno en el tiempo establecido por la Constitución.
El debate, en opinión de la propia Presidenta, “está bueno”. Lo que se cuestiona es si la medidas de acción afirmativa en nombre de la paridad de género han funcionado, o si lo el matrimonio es actualmente la vía más apropiada con que cuentan las mujeres para acceder a los puestos de elección popular, sin importar el desempeño que hayan tenido en sus respectivos partidos. Peor aún, el fondo es si las disposiciones legales para integrar organismos paritarios -como ha ocurrido por ejemplo en los Congresos y Tribunales estatales -solamente han servido para afianzar un uso que viene de hace ya dos siglos, que es la concepción patrimonial de la política; es decir, que ésta le pertenece a determinadas familias, que son las que terminan por regular el acceso a los cargos públicos.
El tema no es, tampoco, la competencia electoral. En el caso de que ambas “leyes esposa” sean procedentes, el efecto anticipado es otro uso político que viene de tiempo atrás: “la cargada”; es decir, el cierre de filas de quienes mantienen alguna alianza informal con el gobierno actual, a fin de que nada falte a la campaña, sobre todo cuando se trate de movilizar votantes hacia las urnas el día de la votación.
Y la gran pregunta es si las acciones afirmativas para que las mujeres accedan a los puestos de elección popular han tenido como efecto el fortalecimiento de la democracia o, por el contrario, lo único que se ha conseguido es cerrar el acceso a cualquier ciudadano que no pertenezca a la familia o forme parte de la clientela del mandatario -hombre o mujer -en turno. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene por delante una discusión que puede ser crucial para el país, pero sobre todo para el ejercicio de los derechos ciudadanos en el país y, esperemos, para que hombres y mujeres puedan en un futuro votar y ser votados libremente.
Edición: Fernando Sierra
