Texto y foto: Reuters
La Jornada Maya
San Salvador, El Salvador
Jueves 15 de febrero, 2018
Una mujer salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un supuesto aborto ilegal fue liberada el jueves después de que el máximo tribunal del país centroamericano conmutara su sentencia, dijeron autoridades judiciales.
Teodora Vásquez, cocinera de 34 años, cumplió casi 11 años en prisión acusada de abortar intencionalmente a su hija durante el parto en 2007, algo tipificado como homicidio agravado en El Salvador, uno de los países más restrictivos del mundo sobre la interrupción del embarazo.
Una resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria mostró que la sentencia fue reducida de 30 años a 10 años y siete meses, por lo que se ordenó su puesta en libertad por “razones de justicia, equidad y de índole jurídica”, sin detallar los motivos expuestos por la Corte Suprema.
En diciembre, un tribunal había confirmado la sentencia de Vásquez, quien alegó desde un primer momento que la muerte de su hija se debió a complicaciones durante un parto intempestivo en el lugar donde trabajaba en San Salvador.
“Mi esfuerzo ha valido la pena”, dijo Vásquez a periodistas al salir de la cárcel, en medio de vítores de su familia y activistas de derechos humanos. “Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador dijo en un comunicado que la corte consideró “que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura”, pero recurrirán para que Vásquez sea declarada inocente.
El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más severas contra mujeres que se someten a un aborto y quienes las asisten, junto a otros países donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluyendo al Vaticano, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Honduras.
Según la Agrupación por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto.
“Es alentador ver a Teodora salir de la cárcel, donde nunca debió estar”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional Américas, en un comunicado. “Las autoridades deben anular urgentemente este indignante veto al aborto que ha creado un contexto de discriminación, dolor e injusticia”, agregó.
El Gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén propuso en 2017 impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.
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