Armando G. Tejeda
Foto: Afp
La Jornada Maya
Madrid, España
Viernes 1 de febrero, 2019
En un autobús de la Guardia Civil, alrededor de las once de la mañana fueron trasladados de Cataluña a Madrid los nueve políticos independentistas catalanes que serán juzgados en el Tribunal Supremo español por los supuestos delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Los líderes separatistas fueron encarcelados hace algo más de 14 meses por su participación en el referendo de autodeterminación del primero de octubre de 2017 y por la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, que impulsó el entonces mandatario catalán Carles Puigdemont -fugado en Bélgica-.
La fecha del inicio del juicio contra los líderes independentistas catalanes será el 12 de febrero. Ese día dará inicio lo que muchos juristas y políticos consideran el proceso penal más importante en la historia del Estado español, en el que por primera vez se sentará en el banquillo de los acusados a dirigentes políticos que intentaron llevar a cabo una secesión unilateral y al margen de la legalidad española.
Los nueve dirigentes que serán procesados son el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn; y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; así como el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Además de la ex consejera Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Además se pretendía procesar al propio Puigdemont y al resto del entonces gobierno catalán, pero tanto el ex mandatario como cuatro más de sus ex consejeros se fugaron unas horas después de la declaración de independencia y desde entonces no han vuelto a pisar tierra catalana. Están dispersos entre Bélgica, Reino Unido y Suiza.
Los módulos están disponibles de 7 a 21 horas en la capital y Ciudad del Carmen
La Jornada Maya
La experta cita la falta de infraestructura como otro reto para la industria regional
Ana Ramírez
Las obras Oasis y Bahía Príncipe causaron el cese de entre 160 y 180 trabajadores
Miguel Améndola
El modelo permite a la iniciativa privada contratar directamente a elementos policiales
Miguel Améndola