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La Jornada Maya

Madrid, España
Sábado 21 de octubre, 2017

El gobierno español observa que las autoridades de Cataluña, noreste del país, han actuado “con desobediencia rebelde, sistemática y consciente” para impulsar su proyecto de independencia, y por eso la razón de intervenir al Ejecutivo autonómico.

El Consejo de Ministros del gobierno español se reunió este sábado para analizar las medidas a implementar en la aplicación del artículo 155 constitucional, ante el avance del proceso de secesión en Cataluña.

En un documento de exposición de motivos jurídicos, la Presidencia del gobierno español indicó que “los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asienta la democracia española, ni el interés general al que responden las leyes”.

El texto describe los alcances jurídicos del artículo 155 constitucional, y detalla el proceso independentista a partir de las anulaciones de leyes y decreto de las autoridades catalanas desde 2014 a la fecha.

Asimismo, recuerda que antes de decidirse la implementación del artículo 155 se pidió al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, revocar su iniciativa independentista y no respondió de una forma que evitara la intervención de su gobierno.

Por ello, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas que eleva al Senado de España para que las aprueba durante los próximos días y se inicie la intervención.

El documento establece que las medidas tienen por objetivo “restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes”.

“No solo se han obviado las bases legales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, para plantear un proceso soberanista al margen de la legalidad y en contra de la soberanía nacional, sino que se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario de Cataluña”, según el texto.

El gobierno de Mariano Rajoy considera que por ello resulta imprescindible asegurar el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional, desde los derechos que ampara y hasta las obligaciones que establece, comenzando por su propio cumplimiento.

“Es preciso, así, garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía”.

Las medidas buscan también “asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos”.

“Responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”.

“El último de los objetivos que justifica y fundamenta las medidas propuestas en el marco de este procedimiento, es preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos.


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