Notimex
Foto: Xinhua
La Jornada Maya
Bruselas
Viernes 20 de enero, 2017
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) instó hoy a Donald Trump, quien este viernes asumió la presidencia de Estados Unidos, a “dejar de atacar a los medios y respetar la libertad de expresión como un derecho fundamental”.
La organización, que representa a unos 600 mil periodistas de 140 países, se dice “profundamente preocupada” con las confrontaciones protagonizadas por Trump con varios medios de información y sus periodistas, desde su campaña presidencial.
Menciona, en especial, “una serie de intimidaciones y amenazas a periodistas, comentarios de odio, vetos a medios y propuestas de enmendar leyes de prensa”.
La FIP señaló que tanto los ciudadanos estadunidenses como el resto del mundo tienen el “derecho básico” de ser informados de manera “adecuada e independiente”.
La campaña presidencial estadunidense evidenció “la importancia de un periodismo imparcial y de la verificación de informaciones”, que serán también algo “esencial en los próximos cuatro años”, sostuvo la federación.
“La comunidad periodística responsabiliza a Donald Trump por sus acciones como presidente de Estados Unidos y le urge a acatar las normas de libertad de expresión que son fundamentales a la democracia de su país y a su carta de derechos”, indicó el presidente de la FIP, Philippe Leruth, a través de un comunicado.
“Es un deber de los periodistas desafiar la autoridad y es también su papel acatar principios éticos. El reportaje justo y no discriminatorio es esencial para la credibilidad de nuestra prensa”, añadió.
La federación expresó que desea “fuerza, suerte y solidaridad” a los periodistas que darán cobertura a la presidencia estadunidense en los próximos cuatro años.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada