La justicia de Ecuador revocó la nacionalidad de ese país al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que había sido otorgada a inicios de 2018, cuando -en un fallido intento- el gobierno de Lenín Moreno buscó convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada de Londres.
Según se informó el martes, la justicia del país andino notificó formalmente la nulidad de la carta de naturalización del australiano atendiendo una demanda de lesividad interpuesta por la cancillería ecuatoriana.
Se considera que un activo de naturalización es lesivo cuando se otorga sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión, por ejemplo, el hecho de que carta de naturalización tuvo múltiples inconsistencias: firmas distintas, posible alteración de documentos y tasas impagas, entre otras.
Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo en su cuenta de Twitter que "No respetaron debido proceso, imposibilitan comparecencia de demandado. Ojalá no sea otro caso ya juzgado por la opinión publica”. Añadió que no se valoró “medios probatorios o ponderar validez. Por ventaja, aún hay recursos”.
La cancillería señaló a la AP que “este es un pronunciamiento de la justicia, que ha actuado en forma independiente y seguido el debido proceso frente a un caso acontecido en el gobierno anterior y que le fue planteado por el mismo gobierno anterior”.
Assange, de 50 años, está encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde su arresto en abril de 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció siete años bajo asilo para evadir la extradición a Suecia para responder a denuncias de violación y asalto sexual. Suecia desistió del caso en 2019 debido al tiempo transcurrido.
Estados Unidos ha pedido en extradición al australiano, atendiendo al hecho de que fiscales estadunidenses han presentado 17 cargos de espionaje y uno de mal uso de una computadora por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión.
El Tribunal Superior de Gran Bretaña ha otorgado permiso al gobierno de Estados Unidos para apelar una sentencia de que no se puede extraditar al fundador de WikiLeaks al país norteamericano para responder a cargos de espionaje.
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Edición: Laura Espejo
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