El Departamento de Justicia demandó este jueves a Texas por una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada "en abierto desafío a la Constitución".
La demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, solicita a un juez federal que declare que la ley es inválida, "para imponer su aplicación y para proteger los derechos que Texas ha violado".
“El acto es claramente inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema de larga data”, dijo el fiscal general Merrick Garland en una conferencia de prensa anunciando la demanda.
El Departamento de Justicia argumenta que la ley infringe ilegalmente los derechos constitucionales de las mujeres y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que dice que la ley federal remplaza a la ley estatal. A los funcionarios federales también les preocupa que otros estados puedan promulgar leyes similares que “privarían a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales”, dijo.
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“Es una ley constitucional establecida que 'un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de que sea viable'”, se lee en la demanda. "Pero Texas ha hecho precisamente eso".
La ley de Texas, conocida como SB8, prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca, generalmente alrededor de seis semanas, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.
Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas difiere significativamente porque deja la aplicación a los ciudadanos privados a través de demandas civiles en lugar de fiscales penales.
La presión sobre el Departamento de Justicia va en aumento, no sólo de la Casa Blanca (el presidente Joe Biden ha dicho que la ley es "casi antiestadunidense"), sino también de los demócratas en el Congreso, que querían que Garland tomara medidas.
A principios de esta semana, Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas.
Esa ley, comúnmente conocida como la Ley FACE, normalmente prohíbe obstruir físicamente el acceso a las clínicas de aborto bloqueando las entradas o amenazando con usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad en las clínicas de aborto y otros centros de salud reproductiva.
La demanda presentada el jueves busca una orden judicial inmediata para prohibir el cumplimiento de la ley en Texas. Según el estatuto, alguien podría entablar una demanda, incluso si no tiene ninguna conexión con la mujer que realiza un aborto, y podría tener derecho a al menos 10 mil dólares en daños si prevalecen en la corte.
“El estatuto delega a todos los ciudadanos privados, sin mostrar ninguna conexión personal o lesión, a servir como cazarrecompensas autorizados a recuperar al menos 10 mil por reclamo de individuos que facilitan el ejercicio de los derechos constitucionales de una mujer”, dijo Garland. “La intención obvia y expresamente reconocida de este esquema legal es evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales frustrando la revisión judicial”.
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El fiscal general también argumentó que la ley de Texas podría exponer a algunos empleados federales de diferentes agencias del gobierno a responsabilidad civil por hacer su trabajo.
La ley de Texas es el freno más grande del país al aborto desde que la Corte Suprema afirmó en la histórica decisión de 1973 Roe v. Wade que las mujeres tienen el derecho constitucional al aborto.
Los proveedores de servicios de aborto han dicho que cumplirán, pero algunas de las aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto de Texas han dejado de ofrecer temporalmente servicios de aborto por completo. Mientras tanto, las clínicas en los estados vecinos han visto un aumento en los pacientes de Texas.
Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado e impulsor de la nueva ley, dijo el jueves, anticipándose a la demanda, que ya estaban trabajando con otros estados para aprobar medidas similares.
"La estratagema de la administración Biden representa un intento desesperado de detener la ley que salva vidas por cualquier medio necesario", dijo el grupo en un comunicado.
Renae Eze, portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que su oficina confiaba en que los tribunales respetarían la ley.
“La libertad más preciosa es la vida misma. Texas aprobó una ley que garantiza que la vida de todos los niños con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto", dijo Eze.
La ley no prevé excepciones en casos de violación o incesto, que Abbott defendió el martes al afirmar falsamente que las mujeres todavía tienen "al menos seis semanas" para abortar.
Una mujer que tiene períodos regulares y está siguiendo cuidadosamente su ciclo podría conocer un resultado positivo no antes de las cuatro semanas de embarazo.
Abbott también dijo que Texas se esforzará por "eliminar a todos los violadores de las calles". Encuestas recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron que la mayoría de las violaciones no se denuncian a la policía, incluida un cuestionario de 2019 que encontró que sólo alrededor de una de cada 3 víctimas informaron haber sido violadas o agredidas sexualmente.
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