Llevan a CIDH creciente 'ciber-espionaje' en América Latina

Alonso Urrutia

El uso de tecnologías de la información con el objetivo de vigilar a activistas, periodistas y opositores se ha incrementado en América Latina en los últimos años por lo que es necesario declarar una moratoria en la permisividad para evitar violaciones a garantías individuales. Durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunciaron como los casos más graves el de México, con el programa Pegasus y Colombia, para vigilar las protestas sociales en meses recientes.

Durante la audiencia, Luis Fernando García, de la Red para los Derechos Digitales en México denunció que México adquirió en pasadas administraciones, so pretexto del combate al crimen organizado, tecnología para irrumpir en la privacidad y las comunicaciones privadas de forma ilegal. “Paradójicamente los gobiernos que lo adquirieron para combatir al crimen organizado terminaron bajo sospechas de vínculos con ese crimen organizado”. Denunció que pese al compromiso del gobierno actual de esclarecer la compra sin licitación y el uso que se le dio, las investigaciones no han avanzado.

Ante los relatores de la CIDH, los representantes de las organizaciones latinoamericanas alertaron del alto riesgo que tiene para los derechos humanos el uso de tecnología que permite el reconocimiento facial; la intervención de comunicaciones mediante un programa que se introduce en la telefonía. En el pronunciamiento conjunto demandaron, para el caso mexicano, demandaron que la CIDH exhorte al Estado mexicano a cumplir los compromisos asumidos para transparentar la adquisición y el uso que se le dio a Pegasus mediante una investigación exhaustiva.

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En su intervención, García denunció la opacidad en que fue adquirido a una empresa de Israel el programa Pegasus. Denunció que entre 2014 y 2017, su uso ilegal abarcó incluso al actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, así como a expertos de la CIDH que participaron en las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Afirmó que no hay claridad alguna de los funcionarios involucrados en estas tareas de espionaje realizadas por Pegasus aunque se sabe que formaban parte de la Procuraduría General de la República, la secretaría de la Defensa Nacional y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. “No conocemos los perpetradores y autores intelectuales para su adquisición, instrumentación y uso para el espionaje de críticos a esos gobiernos. Lamentó que la Fiscalía General de la República no haya dado ningún resultado de sus investigaciones".

María Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejiol) calificó de muy preocupante que los gobiernos de la región estén adquiriendo este tipo de tecnología diseñada para la vigilancia de activistas y opositores, sin tener un marco regulador del impacto en la violación de derechos humanos, generando una mayor vulnerabilidad social. Denunció el uso ilegal de programas avanzados por lo que la CIDH debería definir los estándares para el uso legítimo y regulado de estas tecnologías y declarar una “moratoria” para su adquisición hasta que no se regule en la región.

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Colombia fue el otro caso emblemático denunciado en la audiencia en la CIDH. Jonathan Bock de la Fundación para la libertad de prensa y Catalina Moreno de la Fundación Karisma de Colombia denunciaron que el Ministerio de Defensa ha adquirido tecnología avanzada de espionaje y reconocimiento, la cual fue utilizada por el gobierno de Iván Duque para identificar a los activistas durante el paro nacional de abril y mayo. Condenaron la violación de derechos humanos y la invasión a la privacidad de las personas con el abuso de este tipo de tecnologías.

Edición: Ana Ordaz