La prisión de Guantánamo cumple 20 años sin juicios para sus 39 presos

El 11 de enero de 2002 se construyeron -en apenas 96 horas- un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadunidense de Guantánamo, en Cuba, para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos.

En concreto, de los 39 hombres retenidos en Guantánamo, 27 de ellos están cautivos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco presos por los atentados del 11 de septiembre, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos llegó a juicio.

Entre los acusados está Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los atentados. Ya son diez años de audiencias preliminares para un juicio que no comienza.

En el otro extremo, los presos “de bajo valor” son trece. Todos ellos han recibido la luz verde para su traslado, algunos hace años, como Tawfiq al Bihani, un yemení detenido en Irán en 2001 cuya repatriación se recomendó el 2010. La oposición de los republicanos en el Congreso, la inercia burocrática y el rechazo de otros países a acogerlo han impedido su salida de Guantánamo.

780 presos 

La prisión de Guantánamo albergó en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. Del total, sólo se presentó cargos contra doce y sólo dos han sido condenados en juicios militares.

Las instalaciones han mejorado en estos veinte años. De las cien celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorio sin ventanas se pasó a bloques de celdas con neveras y despensas comunes.

En los 20 años de funcionamiento de la prisión murieron nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Es el caso de Yasir Talal al Zahrani, un adolescente saudí capturado en 2002 en Afganistán que apareció muerto en su celda cuatro años después. Su familia insiste en que no se suicidó.

Lee: EU traslada al último recluso marroquí en Guantánamo

Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono solicitó 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales, según reveló The New York Times en abril.

Replicar Guantánamo 

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch criticaron un aniversario “que no debería haberse alcanzado” y advirtieron de que la propia existencia de la prisión deslegitima a Estados Unidos y provoca que se repliquen cárceles parecidas en otros países.

“Las entregas ilegales, las detenciones en secreto y las torturas dañaron al sistema internacional de derechos humanos”, reprocharon desde HRW Letta Tayler.

“Al cometer estos abusos con impunidad, Estados Unidos facilitó que países como Rusia, Egipto o China critiquen a Washington y sorteen las condenas internacionales de sus propias violaciones de derechos humanos”, argumentaron.

Además, aliados de Estados Unidos como Irak, Nigeria, Egipto o las fuerzas del noreste de Siria “han replicado el modelo Guantánamo” con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicio. Entre los detenidos hay miembros de la sociedad civil, familiares de sospechosos y menores de edad víctimas ellos mismos de los grupos armados.

Costo político 

Tres de los cuatro últimos presidentes de Estados Unidos declararon abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump, pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto costo político impidieron que cumplieran sus promesas.

Ante todas estas trabas, la directora del proyecto de seguridad nacional la Unión Americana por las Libertades Civiles, Hina Shamsi, argumentó que sería tan sencillo como que la Administración retirara su oposición en los casos de habeas corpus y permitiera así la entrega a los tribunales ordinarios de los detenidos.

“Con órdenes judiciales de transferencia, no sería necesario que hubiera notificaciones del Congreso”, explicó Shamsi en declaraciones al diario británico ‘The Guardian’. Ello implicaría, entre otros compromisos, acuerdos de súplica que descartarían la pena de muerte.

Sin embargo, también provocaría una tormenta política que alimentaría el discurso del Partido Republicano sobre la debilidad del presidente Joe Biden frente a los enemigos de Estados Unidos. “Es el tipo de espina que hay que arrancar de inmediato”, explicó el profesor de Derecho Bernard Harcourt. “Con las elecciones de mitad de mandato a la vista y después otras elecciones presidenciales, no va a haber menos presión. Al contrario. Va a ir a peor”, advirtió.

Uno de los argumentos políticos de mayor peso es el costo de la prisión. En total se calcula que la prisión cuesta 540 millones de dólares al año, es decir, casi 14 millones de dólares por preso, lejos de los 80 mil dólares que cuesta un interno en una de las prisiones de máxima seguridad estadounidenses.

Sin embargo, el argumento más sólido es el de la ilegalidad de estas detenciones. “Ha pasado una generación de conflictos y la prisión de Guantánamo sigue abierta y cada día que continúa abierta es una afrenta a nuestro sistema de justicia y al estado de derecho”, advirtió el senador demócrata Dick Durbin en una de las sesiones dedicadas a Guantánamo.

También te puede interesar: Ex cancilleres piden a Biden cierre de la prisión de Guantánamo

Edición: Ana Ordaz