Una comunidad indígena de Guatemala pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene al Estado guatemalteco por no haberle otorgado durante más de 40 años la titularidad de sus tierras ancestrales.
La Corte escuchará el miércoles la petición.
Carlos Pop, abogado de las comunidades, dijo a The Associated Press que este “es el momento cumbre para que la Corte pueda conocer las razones por las que se está demandado al Estado”.
La comunidad maya Q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9, ubicada en municipio del El Estor en Izabal, podrá el miércoles exponer frente a la Corte, ubicada en Costa Rica, cómo se violentaron sus derechos a la tierra que habitan y que incluso compraron pero que el Estado se ha negado a escriturar.
En la demanda presentada los peticionarios dicen que buscan la reparación a la violación de sus derechos por parte del Estado “frente a la política agraria y proyectos de industria extractiva en sus territorios”, así como la falta de medidas legislativas y administrativas por parte de Guatemala para asegurar sus derechos territoriales y de autogobierno.
Según el Indian Law Resource Center, (Centro de Recursos Legales de Indígenas) la decisión que tome la Corte en este caso podría sentar un precedente en la búsqueda de los derechos colectivos a las tierras ancestrales y el derecho a controlar sus recursos naturales de las comunidades indígenas de toda América Latina.
“Estos (territorios) son una fuente creciente de conflictos a medida que aumenta la demanda de minerales para alimentar un floreciente mercado mundial de coches eléctricos y energías renovables”, dijo el Centro en un comunicado de prensa.
Rodrigo Tot, un reconocido líder campesino e indígena, dijo en una conferencia de prensa virtual que por más de cuatro décadas han esperado justicia. “Incluso hasta asesinaron a mi hijo”, contó Tot.
En Agua Caliente Lote 9 viven unas 76 familias -unas 385 personas- en su mayoría agricultores. Es una de las 16 comunidades Mayas Q’eqchi’ ubicadas en el municipio de El Estor cuyas tierras han sido concedidas para extracción de níquel -de alta concentración en la zona- a la Compañía Guatemalteca de Níquel y su proyecto minero Fénix.
Los conflictos con la propiedad de la tierra en Agua Caliente se remontan a mediados de los años 60 cuando el Estado concedió la licencia minera a la empresa Exploraciones y Explotaciones Metálicas de Izabal S.A. por 40 años sin que hubiera claridad en los límites para la exploración y explotación.
Los demandantes dicen que sin claros límites de explotación y en medio del cruento conflicto armado que se extendió en el país entre 1960 y 1996 los empresarios y terratenientes los despojaban de sus tierras, desplazándolos bajo amenazas.
En los años 80 los comunitarios acordaron que el Instituto Nacional de Transformación Agraria les cediera un terreno en calidad de patrimonio agrario colectivo para su uso a cambio de un pago, pero nunca recibieron las escrituras de esas tierras.
Los conflictos con la empresa minera, que ha cambiado de dueños y ahora pertenece a la empresa Solway Investment Group de capitales suizos y rusos, entre otros, no terminan.
En 2021 el gobierno guatemalteco impuso un Estado de sitio Izabal restringiendo los derechos constitucionales de los habitantes para proteger las operaciones mineras de las protestas que habitantes del municipio realizaban contra la empresa por presunta contaminación ambiental.
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