El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá informó que investiga la supuesta esterilización forzada de mujeres indígenas en una apartada zona del país, lo que constituiría un delito de lesa humanidad.
La Fiscalía envió un equipo especial de fiscales a Bocas del Toro, la provincia occidental donde supuestamente ocurrieron los hechos, para realizar pesquisas por los posibles procedimientos de esterilización no consentidos.
Esta investigación se inició por la denuncia presentada el pasado 17 de febrero por la diputada oficialista y presidenta encargada de la comisión de Familia del Parlamento, Kayra Harding.
Este escándalo estalló cuando la diputada independiente suplente, Walkiria Chandler, preguntó en una interpelación sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas.
Chandler afirmó que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro el pasado octubre para investigar unos casos de leishmaniasis en menores de edad, y un grupo de mujeres indígenas hicieron la denuncia sobre las esterilizaciones sin consentimiento.
Según la diputada suplente, el Ministerio de Salud (Minsa) fue notificado y se le envió un cuestionario al titular de la cartera, Luis Francisco Sucre, quien, supuestamente, nunca respondió.
El Minsa informó que había iniciado una investigación por las supuestas esterilizaciones forzadas y que pidió informes a sus direcciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro.
La autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento y este debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, no se puede proceder con la intervención quirúrgica.
La Defensoría del Pueblo también arrancó su investigación paralela la semana pasada desde su oficina regional en Bocas del Toro para recabar información junto con líderes comunitarios, que este lunes se desplazaron a la zona.
Si las esterilizaciones forzadas ocurrieron, "la verdad que es un desastre y un retroceso como país, pues no es una práctica de la República de Panamá. En caso de que sea positivo, vamos a poner en conocimiento a las autoridades panameñas y a las internacionales", declaró a Efe el pasado jueves el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
Las supuestas esterilizaciones forzadas han causado el rechazo de las asociaciones feministas, que defienden el derecho reproductivo de las mujeres y denuncian que suponen violencia obstétrica.
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