Demandan a gobernador de Florida por ley de educación sexual

Defensores de los derechos de los homosexuales demandaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el jueves por aprobar una nueva ley que prohíbe la educación sexual y sobre identidad de género desde kínder hasta el tercer grado escolar.

La ley ha catapultado a Florida y a DeSantis —un posible candidato presidencial republicano de 2024— al frente de las guerras culturales del país. Los críticos la llaman la ley “No Digas Gay” y argumentan que su verdadera intención es marginar a las personas LGBTTTI y sus familias.

La impugnación presentada en un tribunal federal en Tallahassee por el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas en nombre de Equality Florida y Family Equality alega que la ley viola la Primera Enmienda — que garantiza la libertad de expresión— y otras disposiciones de la Constitución estadounidense.

La ley establece que “la instrucción en el aula por parte del personal de la escuela o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede ocurrir desde kindergarten hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”. Los padres podrían demandar a los distritos escolares por violar la ley.

DeSantis y otros republicanos dicen que la ley es razonable y que los niños deben aprender sobre la orientación sexual e identidad de género de sus padres, no en las escuelas.

“Nos aseguraremos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela para recibir una educación, no un adoctrinamiento”, dijo el gobernador cuando promulgó la ley esta semana.

Muchos críticos dicen que el lenguaje de la ley —en particular las frases “instrucción en el aula” y “apropiado para la edad”— podría interpretarse de manera tan amplia que la discusión en cualquier grado escolar podría desencadenar demandas, creando una atmósfera en el aula donde los maestros evitarían por completo los temas.

La demanda presentada el jueves dice que la ley es inconstitucionalmente ambigua y discriminatoria y viola los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.

Edición: Ana Ordaz