Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y del ministro de Defensa de España se infectaron el año pasado con el software espía Pegasus, que solo está disponible para las agencias gubernamentales de los países, anunciaron el lunes las autoridades.
El teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez fue violado dos veces en mayo de 2021, y el dispositivo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue atacado una vez al mes siguiente, dijo el ministro del Gabinete, Félix Bolaños.
Las infracciones, que resultaron en la obtención de una cantidad significativa de datos, no fueron autorizadas por un juez español, lo cual es un requisito legal para las operaciones encubiertas nacionales, dijo Bolaños en una conferencia de prensa convocada apresuradamente en Madrid.
“No tenemos ninguna duda de que esta es una intervención ilícita y no autorizada”, dijo Bolaños. “Proviene de organismos ajenos al Estado y no contó con autorización judicial”.
El gobierno liderado por los socialistas estuvo durante esos meses bajo un intenso escrutinio por su manejo de una importante disputa de política exterior con Marruecos y se vio afectado por una tensa disputa interna sobre la liberación de los separatistas encarcelados de la inquieta región española de Cataluña.
Bolaños se negó a especular quién podría haber estado detrás de la brecha de Pegasus, ni qué podría haberla provocado. La Audiencia Nacional abrió una investigación sobre la violación, y se nombró una comisión parlamentaria de asuntos de inteligencia para investigarla.
En mayo de 2021, más de 8 mil inmigrantes entraron a la fuerza en el enclave español de Ceuta en el norte de África desde Marruecos escalando una valla fronteriza o nadando alrededor de ella. España desplegó tropas y vehículos blindados allí para evitar que más inmigrantes ingresen a su territorio.
Esa crisis se produjo cuando Rabat y Madrid estaban en desacuerdo porque España accedió a brindar atención de Covid-19 a un destacado líder saharaui que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, un territorio que alguna vez estuvo bajo control español y que Marruecos anexó en la década de 1970.
Las autoridades marroquíes negaron haber fomentado la migración masiva a Ceuta, que se produjo cuando España luchaba por hacer frente a las decenas de miles de inmigrantes que llegaban de África.
Antes del anuncio del lunes, el gobierno ya estaba bajo presión para explicar por qué los teléfonos móviles de decenas de personas vinculadas al movimiento separatista en la región nororiental de Cataluña se infectaron con Pegasus entre 2017 y 2020.
La disputa catalana, con separatistas que quieren separarse de España y activistas que organizan protestas callejeras ocasionalmente violentas, ha perseguido a los gobiernos españoles durante décadas.
Las revelaciones de software espía, realizadas por Citizen Lab, un grupo de expertos en seguridad cibernética afiliado a la Universidad de Toronto, involucran al menos a 65 personas, incluidos funcionarios electos, abogados y activistas vinculados a Cataluña.
Fueron atacados con el software de dos empresas israelíes, Candiru y NSO Group, el desarrollador de Pegasus. El spyware se infiltra silenciosamente en teléfonos u otros dispositivos para recopilar datos y espiar potencialmente a sus propietarios.
El gobierno regional catalán acusó al Centro Nacional de Inteligencia de España, o CNI, de espiar a los separatistas y declaró que las relaciones con las autoridades nacionales estaban "en suspenso" hasta que se ofrezcan explicaciones completas y se castigue a los responsables.
El conservador Partido Popular, o PP, estuvo en el cargo en 2017, cuando los separatistas catalanes declararon la independencia tras un referéndum no autorizado, aunque no se tomaron más medidas para ejecutar la declaración. El PP se mantuvo en el poder hasta mediados de 2018, cuando fue derrocado por Sánchez en una votación parlamentaria.
El caso del espionaje está trastocando la política española. ERC, el principal partido político de Cataluña y un aliado fundamental del actual Gobierno, ha pedido la dimisión de Robles, el ministro de Defensa. Pero el escándalo de espionaje los ha dejado expuestos a la presión de separatistas más radicales, que piden terminar con el apoyo a la coalición de izquierda a centro de Sánchez en el parlamento nacional.
El gobierno central ha intentado abordar sus preocupaciones con promesas de total transparencia, anuncios de planes para una investigación interna por parte de la agencia de inteligencia del país y una investigación separada por parte del defensor del pueblo de España.
También se ha establecido una comisión parlamentaria especial sobre secretos de Estado y se espera que los legisladores interroguen al jefe de la CNI a finales de esta semana, aunque las discusiones sobre cuestiones de seguridad del Estado no deben publicarse.
Edición: Laura Espejo
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