Fernández de Kirchner: Confirman ADN del detenido en pistola que uso en atentado

Un peritaje determinó la presencia de ADN del detenido Fernando André Sabag Montiel en el arma que empleó en su intento de atentado contra la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, mientras los investigadores buscan indagar de nuevo al agresor e interrogar a su pareja.

Un informe recibido por los investigadores del frustrado ataque contra la también ex mandataria (2007-2015) ocurrido el 1 de septiembre determinó el hallazgo de ADN de Sabag Montiel en varias piezas de la pistola Bersa, dijo el martes a The Associated Press un funcionario de la Policía Federal que pidió no ser identificado porque la causa judicial está bajo secreto de sumario.

Los rastros aparecen en el gatillo, el cargador y la empuñadura, lo que ratifica que Sabag Montiel, un brasileño de 35 años que reside en Argentina desde la década de 1990, es quien empuñó el arma.

El hecho, ocurrido en las inmediaciones del edificio donde reside Fernández de Kirchner en Buenos Aires, ha generado una gran conmoción. Desde hace más de dos décadas la dirigente peronista es una figura central de la política argentina, donde ha ejercido como legisladora, presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta.

Los investigadores de la causa pretenden ampliar durante la jornada la indagatoria a Sabag Montiel, quien la semana pasada se negó a declarar. Además, procederán a interrogar a su pareja, Brenda Uliarte, de 23 años y también bajo arresto, para determinar si el agresor actuó sólo o contó con la ayuda de otras personas.

Las cadenas Todo Noticias y C5N difundieron imágenes, al parecer captadas por cámaras de seguridad de calle, de la pareja cuando caminaba entre los seguidores de la exmandataria el pasado jueves minutos antes del intento de magnicidio. La joven había declarado el último viernes en una entrevista que no había estado en el lugar.

Sabag Montiel y Uliarte están alojados en diferentes dependencias de la Policía Federal. Este martes ambos fueron trasladados fuertemente custodiados a los tribunales federales de Comodoro Py —centro de Buenos Aires— para declarar ante la jueza Maria Eugenia Capuchetti, a cargo del caso.

La magistrada tiene 10 días hábiles para decidir la situación procesal de ambos detenidos.

Por otro lado, cuatro amigos del brasileño que se presentaron en una dependencia policial declararon como testigos y se les secuestraron los teléfonos celulares para ser analizados, según el funcionario policial con el que conversó la AP.

Asimismo los investigadores buscan determinar qué responsabilidad les corresponde a los custodios policiales que debían proteger a la vicepresidenta y para ello, según medios de prensa, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió a la jueza Capuchetti analizar las comunicaciones telefónicas de los agentes. La AP intentó corroborar esta información con la fiscalía sin éxito por el momento.

A pesar de que la Policía Federal había reforzado la cantidad de efectivos encargados de la seguridad de la vicepresidenta Sabag Montiel logró gatillar dos veces a pocos centímetros de su cabeza. El arma tenía cinco balas pero no llevaba ninguna en la recámara, por lo que la bala no salió.

Además, los investigadores extrajeron fotografías de los teléfonos móviles de Sabag Montiel y Uliarte posando con el arma Bersa que presuntamente se usó en el ataque. Con el aparato del primero hubo inconvenientes para desbloquearlo y en el procedimiento se perdió información, por lo que analizan si hubo algún fallo durante su custodia por parte de la policía.

Imágenes obtenidas de las redes sociales del brasileño -ahora inactivas- y difundidas por los medios de prensa locales lo han mostrado posando con sus manos y brazos llenos de tatuajes asociados con simbología nazi.

En los días previos al atentado el domicilio de la dirigente peronista se había convertido en epicentro de manifestaciones de sus seguidores para brindarle apoyo luego que un fiscal pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presunta corrupción en la licitación de obras públicas durante sus dos mandatos. La vicepresidente niega los cargos y señala que el objetivo de la justicia es proscribirla.

Edición: Estefanía Cardeña