Aldo Anfossi/ AFP
El estado de situación continúa descomponiéndose en Perú al confirmarse la muerte otras cuatro personas durante la jornada del lunes, para un total de siete desde que inció el conflicto, a la vez que se multiplicaban por doquier los cortes de carretera, mientras el gobierno intentaba infructuosamente imponer autoridad y tomar el control, advirtiendo que será implacable en restablecer el orden público.
El aeropuerto internacional del Cuzco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu permanecerán cerrados durante este martes ante el anuncio de protestas sociales en esa región del sur de Perú. El cese en la terminal aérea se informó luego de que “una turba de manifestantes" intentase ingresar a las instalaciones a través de "forados en el cerco perimétrico", informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).
En la víspera fueron tomados los aeropuertos de Arequipa (la segunda ciudad más importante del país) y en el de Andahuaylas.
Para nada pareció surtir efecto en aplacar el descontento, el anuncio hecho la madrugada del lunes por la presidenta Dina Boluarte de que promoverá un proyecto de ley para adelantar a abril de 2024 las elecciones generales, acortando en dos años el período de gobierno que pretendía terminar en julio de 2026.
Al contrario, actores y observadores políticos dijeron que era insuficiente y tardío el anuncio y que, dada la creciente y de momento imparable convulsión, lo que corresponde es su renuncia inmediata, lo que facilitaría un llamado a comicios generales tres meses después de ejecutada.
Los cadáveres de las víctimas, tres de ellas menores de edad, han tenido el efecto de multiplicar la indignación y la rabia transformadas en protesta y violencia callejera.
Pero el ministro de Defensa, Alberto Otárola, afirmó que "está absolutamente descartado” que vaya a renunciar Boluarte, al tiempo que anunciaba que se impondrán estados de emergencia en todos aquellos lugares donde se considere necesario y que la fuerza pública, incluido el ejército, actuarán firmemente para reabrir las carreteras, controlar las ciudades y restablecer el orden público.
También adelantó la destitución inmediata de todos los prefectos de la administración Castillo, porque estarían "azuzando" el descontento ciudadano. Un prefecto es una autoridad administrativa regional representante del gobierno que tiene a su cargo la administración y seguridad del territorio a su cargo.
Mientras el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, al terminar una comparecencia en el Congreso, afirmó que "queremos hacer gestión, pero ahora estamos atendiendo la crisis, aparecimos en la crisis y es lo que estamos llevando, no queremos que escale", agregando que "el Estado no va a ser colocado contra la pared".
La Fiscalía de la Nación, en tanto, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo y sus ex ministros y principales asesores Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por el presunto delito de rebelión y conspiración.
Se responsabiliza a Castillo como presunto coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Previamente, la madrugada del lunes, en una caótica sesión, el Congreso quitó por 67 votos a favor y 45 en contra el fuero especial al ex presidente Castillo, allanando así el camino hacia un juicio por su intento de la pasada semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y decretó un gobierno de excepción.
Pero las cosas están a tal punto revueltas que algunos congresistas -incluso adversarios de Castillo- denunciaron que el Parlamento y la Fiscalía actuaron ilegalmente, porque antes de quitar la inmunidad al ex gobernante, correspondía que el Ministerio Público precisara los cargos; sucedió exactamente al revés: los parlamentarios le quitaron el fuero antes de que se señalaran los presuntos delitos cometidos.
La Dirección Regional de Salud de Apurímac confirmó el deceso de cinco personas por las protestas en dicha región. Cuatro en la provincia de Andahuaylas y uno en la aledaña provincia de Chincheros.
En Andahuaylas, región de Apurímac, se suceden los enfrentamientos desde el fin de semana y el despacho de una televisora dijo que aquella es una ciudad tomada y bajo control de los manifestantes.
El otro fallecimiento, un hombre de 38 años, se produjo en Arequipa, mil kilómetros al sur de Lima.
Con piedras, palos quemados y neumáticos en llamas cientos de manifestantes bloquearon por unas horas la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad de Perú, para pedir la renuncia de la presidente.
La iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida al igual que la caseta de control. Ante los daños, la policía enfrentó a los manifestantes con gases lacrimógenos
“Nuestro aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa ha sido invadido por un grupo de manifestantes que han ingresado mediante el cerco perimétrico, destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestro equipo y las operaciones aéreas”, anunció el operador Aeropuertos Andinos del Perú en un comunicado.
Las carreteras de acceso a varias ciudades del país permanecían bloqueadas el lunes en el norte y sur del país, entre ellas en Arequipa, Trujillo y Cusco.
Castillo está detenido por orden de un juez tras su intento de disolver el Congreso el miércoles y posterior destitución por parte del Legislativo. Fue remplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Las movilizaciones tomaron amplitud desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.
En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y una veintena de heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado, reportó la radio RPP.
Miles de personas se movilizaron el fin de semana por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.
En Lima, la policía dispersó la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al Congreso gritando lemas como "¡Castillo no estás solo, el pueblo te respalda!", y con pancartas que leían "Dina y Congreso la misma porquería" o "Ratas corruptas".
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
Una de las características que parecen tener las movilizaciones gatilladas por la destitución del presidente Pedro Castillo, es la ausencia de líderes principales o de una organización única que las coordine, sino que parecen ser manifestaciones más o menos auto convocadas y/o con cierto grado de espontaneidad y por diferentes causales, dependiendo de la región: la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una constituyente, la liberación de Castillo y su reinstalación, el costo de la vida, problemas agrícolas y de la sequía, etc.
De momento las protestas se concentran en el sur agrario y andino del país, donde Castillo arrasó y construyó su triunfo en las elecciones de 2021.
"A Castillo lo han maltratado, lo han ninguneado, él tenía 30 por ciento de aprobación y eso se concentra en el sur del país; y ante el maltrato y humillación que se percibe desde sus electores, se han exacerbado los ánimos contra el Congreso y la principal demanda es el cierre; estamos en una situación muy compleja que requiere un presidente del Consejo de Ministro de polendas, que desgraciadamente no tenemos, se requiere un proceso negociador importante y en lo inmediato evitar que siga muriendo gente, ese es el principal deber del Estado", explicó el analista político Alonso Cárdenas.
En una carta que divulgó desde su cuenta de Twitter, Castillo aseguró que se encuentra “en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, y acusó a Boluarte de ser una “usurpadora”.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un "paro indefinido" a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la "inmediata libertad" de Castillo.
Según el Frente Agrario, Castillo "no perpetró ningún golpe de Estado" cuando el miércoles anunció la disolución del Congreso, la intervención de los poderes públicos y dijo que gobernaría por decreto.
El Congreso, dominado por la derecha, aprobó en la madrugada de este lunes una norma que permite acelerar un juicio penal contra Castillo.
Castillo fue detenido el miércoles por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.
La atención está puesta este lunes en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones generales anticipadas, pues implica también que ellos recorten su mandato en dos años.
Para recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
"Tiene que haber una negociación política para que el Congreso haga las reformas políticas básicas que se necesita para unas nuevas elecciones", dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
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La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un ex jefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.
En una carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras "camuflados" y una fiscal "sin rostro" lo "obligaron" a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado, pero dijo que se negó porque temía por su seguridad.
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