La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el martes que una medida de la era de la pandemia de Covid-19 utilizada desde 2020 para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país debe permanecer vigente de manera indefinida, eliminado las esperanzas de los defensores de la migración que habían estado anticipando su fin esta semana.
En un fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el caso se discutirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces decidan el caso.
El fallo judicial, establecido por cinco votos contra cuatro acepta, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma del denominado Título 42 y se abre la frontera.
Los límites se establecieron bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. Bajo las restricciones, los funcionarios han expulsado a los solicitantes de asilo dentro de los Estados Unidos 2.5 millones de veces y han rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera con el argumento de evitar la propagación de Covid-19. Las restricciones a menudo se denominan Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944.
Los defensores de la inmigración demandaron para poner fin al uso del Título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadunidenses e internacionales de las personas que huyen a los EU para escapar de la persecución. También han argumentado que la política está desactualizada a medida que mejoran los tratamientos contra el coronavirus.
Un juez federal se puso del lado de ellos en noviembre y fijó el 21 de diciembre como fecha límite para poner fin a la política. Los estados de tendencia conservadora apelaron a la Corte Suprema, advirtiendo que un aumento en la migración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes” que, según dijeron, el gobierno federal no tenía ningún plan para enfrentar.
Edición: Estefanía Cardeña
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La Jornada
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