Luego de que desde los primeros minutos de este 12 de mayo entró en vigor la política migratoria estadunidense Título 8, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseveraron que la nueva norma, que restringe el acceso para los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular, tras transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los migrantes.
Las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humano fundamental a solicitar asilo “son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados”, destacaron.
Cabe recordar, que ya sin la vigencia del Título 42, que concluyó ayer, el gobierno estadunidense regresará al Título 8 que aplicaba antes de la pandemia. Con esta disposición se faculta a las autoridades migratorias de ese país a procesar de manera expeditiva y expulsar de forma acelerada a personas que lleguen a la frontera sin documentos.
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En un pronunciamiento difundido hoy, la ACNUR y la OIM también enfatizaron que cualquier acuerdo entre Estados sobre retornos – incluido el de solicitantes de asilo a un tercer país – debe garantizar que se resguarde el principio de no devolución, es decir, la prohibición del retorno forzado de personas a situaciones en las que su vida y su seguridad están en riesgo.
“Los retornos sólo deberían llevarse a cabo siguiendo el debido proceso y con las salvaguardias necesarias, de conformidad con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”, subrayaron.
No obstante lo anterior, estas agencias de la ONU también reconocieron las iniciativas positivas para ampliar el reasentamiento y otras vías de acceso regulares en la región, que pueden ofrecer “alternativas reales a personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones”.
Indicaron que facilitar y ampliar el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral “puede salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico, y otras formas de violencia. Si se gestionan adecuadamente, también pueden apoyar a las economías nacionales que se enfrentan a escasez de mano de obra”.
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Sin embargo, resaltaron que estas acciones “no puede sustituir a la responsabilidad de los Estados de garantizar a las personas el acceso al territorio y a los procedimientos de asilo”.
La Acnur y la OIM manifestaron que aunque el número de personas que se acercan a la frontera estadunidense ha aumentado en los últimos años, la mayoría en situación de movilidad humana en el continente sigue siendo acogida por países de América Latina.
“Ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes. Sólo se pueden lograr avances efectivos realizado esfuerzos conjuntos para abordar las causas del desplazamiento y de la migración irregular; apoyando a las comunidades que acogen a la mayoría de las personas desplazadas; brindando acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal; y facilitando el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a viajes peligrosos”.
Una respuesta más eficaz, agregaron, demanda un esfuerzo de colaboración por parte de los Estados y otras partes interesadas para ampliar el acceso a la protección y al asilo y las vías regulares de migración, al tiempo que se fortalecen las soluciones.
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“Los retos a los que se enfrenta la región de las Américas exigen una cooperación visionaria, innovadora y basada en principios entre todas las partes interesadas, con base en el derecho internacional y en una auténtica solidaridad, para avanzar en la protección y las soluciones para las personas refugiadas y migrantes, en consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, finalizaron.
Edición: Emilio Gómez
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