Los ministros de Interior de la Unión Europea lograron este jueves acordar un mecanismo para el reparto de la acogida de los migrantes llegados de manera irregular a los países de entrada a la Unión Europea sometidos a una mayor presión de los flujos migratorios, uno de los pilares del equilibrio entre "responsabilidad y solidaridad" que buscaban los gobiernos para desbloquear la reforma de la política de asilo común.
Este acuerdo, no obstante, no es el final del camino de la reforma, ya que fija las líneas rojas de los 27, que deben negociar ahora la versión definitiva de los reglamentos para el control y el procesamiento del asilo con el Parlamento Europeo.
"Muchas gracias por este amplio apoyo", señaló la ministra sueca de Interior y presidencia de turno de la UE, Maria Malmer, tras constatar que se daba la mayoría cualificada necesaria para dar 'luz verde' a los textos sobre la mesa, tras una jornada de negociaciones entre ministros.
"Somos mucho más fuertes cuando trabajamos unidos", celebró, por su parte, la comisaria de Interior y promotora de la reforma, la socialista sueca Ylva Johansson.
El acuerdo ha sido posible después de que Italia levantara sus reservas con respecto a las condiciones para deportar a los migrantes sin derecho al asilo que llegan a la Unión Europea.
Finalmente, sólo Hungría y Polonia han votado en contra del acuerdo, aunque las delegaciones de Bulgaria, Malta, Eslovaquia y Lituania se han abstenido porque tampoco están satisfechos con el texto.
Los ministros han fijado los criterios y umbrales que quieren que se apliquen a la hora de activar un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los demás países a reaccionar cuando uno de los socios se vea desbordado con la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio aparte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada reubicación que rechace.
La solución final es el resultado de meses de negociación a nivel técnico conducidos por la presidencia de turno que ocupa Suecia este semestre y que pretende garantizar el "equilibrio" entre la solidaridad que reclaman los países del sur, como España e Italia, y las líneas rojas de los socios del este y del norte, que apelan a la "responsabilidad" de los primeros para contener los movimientos secundarios.
La fórmula acordada establece una reubicación de un mínimo de 30 mill migrantes cada año y una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda, lo que en la práctica supone que deberán pagar una compensación de 20 mil euros por cada traslado rechazado.
La propuesta prevé también como alternativa una aportación en material útil para la gestión y control de los flujos a la altura del valor de la compensación estimada.
Será la Comisión Europea la encargada de realizar una evaluación anual sobre la situación en cada Estado miembro y determinar cuáles se encuentran "bajo presión" por no tener capacidad para gestionar un pico repentino de demandantes de asilo o llegadas irregulares.
Con base en esa evaluación, Bruselas designará qué países pueden solicitar activar la "reserva solidaria" y acudir a ella para pedir un apoyo "razonable y proporcionado.
Edición: Estefanía Cardeña
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