El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, exigió este martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, un fiscal y un juez por orquestar un supuesto plan de “golpe de Estado”.
"Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo", dijo en rueda de prensa.
Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura en enero de 2024, cuando debería tomar el lugar del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
Su pedido vino luego de que este martes la fiscalía allanara las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones de junio y violara la cadena de custodia de los votos al abrir los archivos a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Porras, Orellana y Curruchiche son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático (...), han desviado su función constitucional de investigar y perseguir plenamente hacia un claro golpe de Estado en desarrollo", insistió el exdiputado, que resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto.
"Como presidente electo me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas", agregó.
Para Arévalo, sólo la renuncia de los tres operadores de justicia "permitirá garantizar el orden constitucional del país".
Asimismo, anunció que pedirá que se le levanten los fueros a la fiscal general y al juez, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Suspende transición
Arévalo señaló que la situación de inestabilidad lo condujo a suspender temporalmente su participación en el proceso administrativo de transición.
La medida se mantendrá mientras "se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias".
El gobierno de Giammattei lamentó en un comunicado la decisión de Arévalo y reiteró su disposición a "retomar inmediatamente el proceso en el momento que las autoridades electas lo soliciten".
"Esta es una decisión que respetamos pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo, que no interfieren en el proceso que se había realizado a la fecha", añadió.
Arévalo y Giammattei se han reunido los últimos dos lunes para la transición. En ambas citas participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Horas antes, el fiscal Curruchiche justificó el allanamiento del archivo electoral en "una denuncia de un ciudadano" sobre supuestas anomalías en una de las cajas que contenían las papeletas de las elecciones del 25 de junio.
Curruchiche ha ordenado múltiples actuaciones contra el partido Semilla de Arévalo y ha sido fuertemente cuestionado en Guatemala y el extranjero.
El funcionario señaló que el allanamiento de este martes no estaba vinculado a una investigación contra Semilla que está en curso.
Tras la elección del 25 de junio, varios partidos perdedores denunciaron un fraude y pidieron un recuento de votos, que posteriormente confirmó los resultados.
Arévalo, de 64 años, se impuso en un balotaje a la ex primera dama Sandra Torres, luego de dar la sorpresa en primera vuelta, pues no figuraba entre los favoritos en una veintena de candidatos.
Rechazo al allanamiento
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores internacionales.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, la consideró una "acción sin precedentes" que "debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco", escribió en X, antes Twitter.
"El Ministerio Público (Fiscalía) lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales", dijo la OEA en un comunicado.
La Unión Europea hizo un llamado "a todas las instituciones y poderes del gobierno a respetar plenamente el resultado de las elecciones" y "a abstenerse de acciones que socaven estos resultados".
Las cajas incautadas contenían los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas no utilizadas y otros utensilios utilizados por cada mesa electoral.
La presidente del TSE, Irma Palencia, denunció la apertura de las cajas como "inédita y preocupante".
Pese a la incertidumbre provocada, aclaró que los resultados electorales ya habían sido oficializados, "y eso no puede cambiarse".
Edición: Estefanía Cardeña
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