La Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia aprobó hoy un proyecto de ley que permite al jefe del Estado imponer una administración externa sobre bienes de personas y empresas de países inamistosos.
El proyecto, que aún debe ser aprobado por el Senado, le da carácter de ley a una facultad con la que ya cuenta por decreto el presidente ruso, Vladímir Putin, desde el 25 de abril de este año, en respuesta a la congelación de activos rusos en el extranjero por la guerra en Ucrania.
La innovación legislativa señala que el jefe de Estado está capacitado para establecer el modo en que las personas jurídicas rusas deben cumplir su obligaciones ante personas de Estados extranjeros inamistosos.
Establece además que el presidente puede implantar la administración temporal sobre los bienes muebles e inmuebles que tengan en el país personas de países inamistosos.
Según el proyecto aprobado hoy, el jefe del Estado puede también implantar un procedimiento especial para la incautación o arresto de recursos dinerarios o acciones.
El periódico ruso Védomosti publicó hoy que el presidente a la cervecera rusa Báltika, Taimuraz Bolloev, propuso al director de la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad, Vadim Yakovenko, nacionalizar la empresa, propiedad del grupo danés Carlsberg y actualmente bajo administración provisional.
El 31 de octubre pasado el consejero delegado de la cervecera danesa Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, acusó al Gobierno ruso de "robarle" su negocio y señaló que no había podido llegar a un acuerdo tras asumir el Estado el control de sus activos.
"No hay duda de que nos han robado nuestro negocio en Rusia y no les vamos a ayudar a que parezca legítimo, así de simple es", dijo Aarup-Andersen en la presentación del balance de Carlsberg en los nueve primeros meses.
Carlsberg, que había anunciado en marzo de 2022 su salida de Rusia por la guerra en Ucrania, anunció a finales de junio pasado la venta de su filial Báltika, sin revelar el comprador, a expensas de que el Gobierno ruso autorizase la operación.
A mediados del mes siguiente, Putin firmó un decreto que autorizaba al Gobierno a tomar el control temporal de los activos de Carlsberg, que posteriormente rompió el acuerdo que permitía a Báltika producir y vender sus productos en Rusia.
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