Quince países que forman parte del Acuerdo de Escazú discuten desde este lunes en Chile un ambicioso plan para proteger a los defensores del medioambiente en América Latina, la región más peligrosa del mundo para estos activistas.
Escazú es el primer tratado de América Latina que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente y la protección de los defensores de la naturaleza.
“Tenemos que defender a quienes defienden la vida”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al inaugurar la tercera reunión de las partes de este Acuerdo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago.
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Suscrito en 2018 en Escazú, Costa Rica, hasta ahora ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Chile junto con Uruguay elaboraron una propuesta para aplicar el Plan de Protección que apunta a garantizar la seguridad y la labor de los activistas ambientales, ante los múltiples conflictos en torno a la tierra y el agua que involucran desde grandes empresas hasta mafias dedicadas a la minería ilegal o la deforestación.
Es un proyecto “ambicioso, pero realista por los próximos seis años, hasta 2030”, afirmó el uruguayo Marcelo Cousillas, presidente de la COP, al intervenir en la ceremonia inaugural.
Entre 2012 y 2022, mil 910 defensores del medioambiente fueron asesinados en todo el mundo, según la organización Global Witness.
Sólo en América Latina se produjeron la mayoría de los 177 casos reportados en 2022, un tercio de ellos en Colombia, según la ONG.
“América Latina es la región más peligrosa para los defensores medioambientales”, ratificó Javier Medina, secretario adjunto de la Cepal.
Los delegados de los 15 países junto con representantes de la sociedad civil, incluidos sectores indígenas, intentarán definir de aquí al miércoles la hoja de ruta para la implementación del programa de protección.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo, lo que sí estamos en contra de que no se proteja la vida de aquellos que están defendiendo los territorios”, dijo a la AFP Rayén Rupayán, una estudiante y defensora mapuche, de 22 años, que participa en la reunión.
Edición: Fernando Sierra
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Ap
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Juan Carlos Pérez Castañeda
Gobernanza y Sociedad
La Jornada Maya
