Un jurado investigador de Texas acusó formalmente este martes a más de 140 migrantes por cargos menores de disturbios públicos debido a un intento de ingreso masivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión se tomó un día después de que un juez desestimó los casos.
No se reportaron heridos durante el supuesto ingreso masivo del 12 de abril en El Paso, el cual inició cuando un miembro del grupo cortó una barrera de alambre de púas, según las autoridades. Un episodio similar en marzo pasado en esa misma ciudad fronteriza también resultó en un gran número de arrestos.
Un juez del condado había desestimado el lunes los cargos en contra de quienes fueron detenidos este mes, determinando que no había suficiente causa probable. Una abogada pública que representa a los migrantes había argumentado que la evidencia era insuficiente y acusó a las autoridades de tratar de acaparar titulares.
“Los ciudadanos de El Paso, a través del jurado investigador, básicamente desestimaron el fallo del juez y encontraron causa probable para creer que sí ocurrieron los disturbios”, dijo el fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks, en declaraciones a la prensa.
Kelli Childress-Diaz, la abogada pública de El Paso que representa a los 141 acusados, dijo que no estaba sorprendida con la decisión.
“Me imagino que ya lo tenían preparado incluso antes de que iniciara la audiencia de ayer”, subrayó.
Las detenciones atrajeron más atención a las operaciones de Texas a lo largo de la frontera, donde el gobernador republicano, Greg Abbott, ha implementado una serie de agresivas medidas para frenar los cruces ilegales. Después de los arrestos de marzo pasado, Abbott respondió con el despliegue de 700 elementos adicionales de la Guardia Nacional a El Paso.
Hicks, designado al cargo por Abbott en 2022, declaró que aunque no es común que un jurado investigador presente acusaciones formales en casos de delitos menores, sintió que era “justo” presentarles el caso. En total, según los estimados de Hicks, se ha detenido a más de 350 personas por cargos de disturbios desde el mes pasado.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una sentencia de hasta 180 días en una cárcel del condado y una multa de hasta 2 mil dólares. Los encarcelados aún enfrentan cargos federales y Hicks señaló que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podrían ir por ellos a prisión para procesarlos por una ofensa de ingreso ilegal al país.
“Me revuelve el estómago que estas personas no sean más que... ya saben... fichas políticas en una apuesta de algunos de nuestros funcionarios de gobierno”, declaró Childress-Diaz a The Associated Press.
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Edición: Estefanía Cardeña
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