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Efe
11/07/2025 | California, Estados Unidos
Una jueza ordenó este viernes a la Administración de Donald Trump detener en el sur de California (Estados Unidos) las redadas migratorias indiscriminadas en las que se arresta a personas con base en su perfil racial, como el color de piel o el idioma que hablan.
La jueza Maame Frimpong también emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.
La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos se han cometido múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega estas acusaciones y asegura que son "repugnantes y categóricamente falsas".
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, detalló en un comunicado que la orden de la jueza "prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable".
También prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas.
La segunda "ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles2.
Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el gobierno de Trump.
La demanda fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales.
Uno de los dueños del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al público como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los arrestos se usó fuerza excesiva.
Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la decisión de la jueza.
Juez prohíbe a Policía de Los Ángeles usar armas no letales contra reporteros en protestas
Un juez federal prohibió temporalmente este viernes a la Policía de Los Ángeles expulsar a periodistas de zonas de protesta ni usar armas no letales contra ellos, en respuesta a una demanda por las denuncias de ataques a comunicadores en medio de las manifestaciones del mes pasado.
El Club de Prensa de Los Ángeles, una organización que agrupa y premia a periodistas del sur de California desde 1913, demandó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), tras documentar decenas de incidentes contra los comunicadores en las protestas que arrancaron el pasado 6 de junio.
El juez federal de distrito Hernán D. Vera emitió una orden de restricción por 14 días mientras evalúa la petición a largo plazo del club, que reportó el ataque a reporteros con balas de goma, armas no letales y gases lacrimógenos.
“Las pruebas presentadas indican que (los periodistas) se enfrentaron a una avalancha de proyectiles y otras demostraciones de fuerza física”, opinó Vera en la decisión.
El juez se puso de lado de los demandantes al advertir que los periodistas “corren el riesgo de sufrir lesiones recurrentes en el futuro” al cubrir las manifestaciones, debido a la respuesta del LAPD.
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Edición: Estefanía Cardeña
