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02/12/2025 | Washington, Estados Unidos
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país "apenas ha comenzado" los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.
Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si apuntan contra criminales.
"Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadunidense", dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.
"Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante", añadió.
Hegseth y el gobierno del presidente Donald Trump son objeto de críticas en particular porque las fuerzas estadounidenses hicieron un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a sobrevivientes.
Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación, al que respaldan.
Hegseth afirmó el martes que no vio personalmente a ningún sobreviviente del ataque inicial de las fuerzas estadounidenses.
Hegseth sostuvo junto al presidente Donald Trump que "vio ese primer ataque" pero "no se quedó" en el intervalo en el que se decidió el segundo ataque debido a otra reunión. "No vi personalmente sobrevivientes", declaró, al añadir que "eso estaba en llamas (...). Es lo que se llama la niebla de la guerra".
En su momento, el presidente Donald Trump aseguró también que la cantidad de drogas que entra a Estados Unidos por vía marítima ha disminuido un 91 por ciento gracias a los ataques en el mar Caribe.
Todo legal
Este mismo martes más temprano, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, insistió en que los ataques son legales.
Las operaciones "son legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados", dijo en conferencia de prensa.
El lunes, la Casa Blanca informó que el almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó ese ataque de seguimiento contra una presunta embarcación narcotraficante, al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes del bombardeo inicial.
El almirante Frank Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.
El secretario de Defensa "autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques", añadió.
Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe.
Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.
Trump anunció en ese momento que 11 presuntos "narcoterroristas" murieron en "un ataque".
Bombardeos posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.
Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar está "en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".
Trump ha desplegado una flotilla en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.
Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de los ataques, con el líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo.
Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela, país que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana en contra de su voluntad.
Edición: Fernando Sierra
