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La Jornada
08/05/2026 | Washington, Estados Unidos
Una red de defraudadores con tiempos compartidos, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, creó organizaciones pantalla para tratar de evadir sanciones que le fueron impuestas en Estados Unidos en febrero pasado, advirtió este viernes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense.
La OFAC -una entidad que cumple funciones comparables con las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México- dijo que a través de dos empresas pantalla la firma Kovay Gardens, ligada por el gobierno estadunidense al Cártel Jalisco Nueva Generación, trata de continuar con los fraudes a personas estadunidenses que compran tiempos compartidos, principalmente en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco.
En un comunicado, la OFAC dio a conocer que actualizó los nombres y detalles asociados con Kovay Gardens, “un complejo turístico mexicano de tiempo compartido sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por estafar a ciudadanos estadunidenses en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación”.
En un intento por evadir aún más las sanciones y continuar estafando a sus víctimas, Kovay Gardens ahora utiliza los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, agregó.
El Departamento del Tesoro alertó a los ciudadanos estadunidenses para que estén atentos y sepan que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos.
Los antecedentes
El 19 de febrero pasado, en una acción coordinada con la UIF de México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro lanzó nuevas sanciones contra lo que llamó una red de tiempos compartidos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se dedicaba a defraudar a ciudadanos estadunidenses a través de un complejo turístico en Puerto Vallarta.
El principal blanco de la acción fue Kovay Gardens, un complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta, así como contra cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.
Ese mismo 19 de febrero, la UIF informó que "de manera complementaria" a las sanciones impuestas por la OFAC, la autoridad mexicana incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
El Tesoro lleva tiempo señalando este tipo de esquemas de fraude a través de tiempos compartidos vinculados con el CJNG. De ahí que las sanciones impuestas por la OFAC se realicen con un par de órdenes ejecutivas: la 14059, de combate al narcotráfico (fentanilo) y la 13224, contra organizaciones, entre ellas los carteles de la droga, según se informó en febrero pasado.
Kovay Gardens, un complejo “controlado por el CJNG”, acusa la OFAC, promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando las semanas no utilizadas; e incurre en estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito”.
Con la sanción a Kovay Gardens se incluye la de su fundador: Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el complejo hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens.
Según la OFAC, Rivera Miramontes trabaja en estrecha colaboración con Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue previamente designado por la OFAC y es señalado de estar afiliado al CJNG.
Entre las empresas sancionadas también se cuenta Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que presta diversos servicios a Kovay Gardens, incluyendo la tramitación de reservas de hotel.
Así como Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V., operadoras en el sector turístico; tres inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. y VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.
Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. supuestamente operan servicios financieros.
También en la red hay una firma de servicios empresariales (Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.), una sociedad holding (Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.) y una empresa de combustibles (Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.) y Hotel Management International, LLC con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes.
Además, se sanciona a Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias Tagayas) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias Tolín), vinculados con Kavay Gardens y señalados como lugartenientes de Audias Flores Silva (Flores Silva), el comandante regional del CJNG, previamente designado por la OFAC.
Así como a los subordinados de Tagayas: Jonathan Faustino Ríos González (alias Johnny Hood) y José Eduardo Palacios Rodríguez (Palacios Rodríguez), quienes operan salas de control de fraude de tiempo compartido para el CJNG.
Las empresas sancionadas vinculadas a estos sujetos son Constructora Palacios PV, S.A. de C.V., Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V., Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. y Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.,
Con ellas se congelan los activos financieros de las personas y empresas listadas, al tiempo que se prohíben transacciones a ciudadanos o entidades estadunidenses con los designados.
Movimientos millonarios
La OFAC consigna que entre 2019 y 2023 se registraron 850 Reportes de Actividades Sospechosas vinculadas con fraudes por tiempo compartido y en conjunto se movieron 330 millones de dólares en actividades sospechosas que podrían estar ligadas a esta actividad.
Por mes se reciben en promedio 40 reportes de actividades sospechosas relacionadas con posible fraude de tiempo compartido, cada uno con un promedio de 383 mil dólares y una mediana de 42 mil en actividades sospechosas.
Tan solo en 2024, la FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares, consigna la OFAC.
Esta actividad consiste principalmente en que personas residentes en Estados Unidos envían fondos a presuntos estafadores en México que posiblemente trabajan para organizaciones criminales transnacionales con sede en México.
Edición: Estefanía Cardeña
