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07/10/2026 | Washington, Estados Unidos
El gobierno estadunidense propuso el miércoles una tarifa de 70 mil dólares para los estudiantes internacionales que buscan trabajar en el país, el más reciente en sus esfuerzos por endurecer las medidas contra la matrícula de extranjeros.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional exigiría que las escuelas paguen la tarifa por cada estudiante que participe en el programa de capacitación práctica opcional, conocido como OPT, que permite a los estudiantes trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de sus estudios.
Por lo general, los estudiantes son elegibles para un año de trabajo después de graduarse, aunque ciertas especialidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son elegibles para dos años adicionales.
Cada universidad tendría que pagar los 70 mil dólares por la solicitud inicial de cada nuevo estudiante al programa, y otros 30.000 por cada renovación según la iniciativa.
El cambio representaría un golpe para la educación superior y algunas empresas
Las universidades estadunidenses reclutan intensamente a estudiantes del extranjero como fuente de ingresos por matrícula. Las empresas tecnológicas y otras industrias también contratan a muchos alumnos internacionales para puestos técnicos.
El programa OPT permite que los estudiantes internacionales adquieran experiencia práctica y cubran la escasez de mano de obra en campos STEM de alta demanda, señaló Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación que representa a la educación internacional.
“Ahuyentar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo global”, afirmó Aw en un comunicado.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional describió la tarifa como una respuesta al fraude y al abuso del programa de visas, al que calificó como una “vía de acceso para mano de obra extranjera barata”.
El público tiene 60 días para comentar la propuesta antes de que el departamento pueda finalizarla y ponerla en vigor. La propuesta también podría enfrentar impugnaciones legales de grupos de educación superior o asociaciones empresariales, lo que podría retrasarla.
El gobierno del presidente Donald Trump ha estado presionando a los estudiantes internacionales de muchas maneras como parte de sus esfuerzos más amplios por endurecer las medidas migratorias y reconfigurar la educación superior. El año pasado, el gobierno republicano comenzó a cancelar de forma repentina el estatus legal de miles de estudiantes internacionales, deteniendo y deportando a muchos de ellos.
Este verano, el gobierno finalizó una norma que buscaba impedir que los estudiantes internacionales permanecieran en Estados Unidos por más de cuatro años sin la aprobación del gobierno federal. La medida provocó una rápida reacción de líderes de la educación superior, quienes dijeron que aumentaría la carga para las escuelas y señalaron que muchos programas, por diseño, duran más de cuatro años. Un tribunal federal impidió que la norma entrara en vigor en septiembre.
Doug Rand, exasesor principal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante el gobierno de Biden, predijo que la tarifa sería anulada en los tribunales, como ocurrió con una tarifa de 100 mil dólares para las visas de trabajo H-1B de las que muchas empresas tecnológicas y universidades dependen para cubrir vacantes de empleos calificados.
El gobierno de Trump ahora está intentando una forma diferente de elevar la tarifa de las visas a más de 100 mil dólares.
Rand explicó que cobrar tarifas no es una solución.
“Cuando educamos a estudiantes internacionales en nuestras universidades, y quieren trabajar y aplicar sus talentos aquí después de graduarse, por supuesto que deberíamos recibirlos, no usar una tarifa exorbitante como pretexto para mandarlos a hacer las maletas”, expresó Rand en un correo electrónico.
Aumentan preocupaciones sobre la matrícula entre grupos educativos
Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education, que representa a presidentes de universidades y colegios, informó que la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades del país ha caído.
El otoño pasado, el número de nuevos estudiantes que ingresaron a Estados Unidos por primera vez cayó un 17 por ciento, la disminución más pronunciada desde la pandemia de Covid-19. Aún no se conocen las cifras generales para este otoño, pero Spreitzer dijo que algunas universidades individuales están reportando caídas de 30 a 40 por ciento
Declaró que el nuevo plan de Trump no ayudará.
“Sabemos que OPT es una de las razones por las que los estudiantes internacionales eligen estudiar en Estados Unidos porque pueden tener esa experiencia laboral después de graduarse”, añadió.
Un programa similar que permitía a los estudiantes internacionales participar en pasantías y prácticas también ha enfrentado escrutinio del gobierno de Trump. Una nueva guía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que indica que el programa, Capacitación Práctica Curricular, solo debe autorizarse cuando la experiencia laboral sea un requisito del título, dio lugar a una demanda el lunes.
Grupos educativos, incluida la Association of American Universities y NAFSA, dijeron que en el pasado ese programa se permitía si estaba “directamente relacionado con el área principal de estudio del estudiante”. Los grupos también dijeron que el ICE estaba amenazando a funcionarios universitarios con un proceso penal si no cumplían.
“Sabemos que el gobierno ha estado tratando de obstaculizar la inmigración legal basada en el empleo por numerosos medios”, indicó Steven Brown, un abogado de inmigración radicado en Houston. “Creo que este es el siguiente nivel de ataque, y creo que es un diseño para matar el programa sin matar el programa. No veo a demasiadas escuelas queriendo pagar 70 mil dólares para que un estudiante obtenga OPT”.
Edición: Estefanía Cardeña
