Tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el ex presidente peruano, Martín Vizcarra, cuestionó el jueves la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Manuel Merino y llamó a sus compatriotas a protestar pacíficamente en las calles.
"La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles" con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa de presunta corrupción que esgrimió el Congreso para destituirlo el lunes.
"Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional" sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente, en referencia a un comunicado de la Secretaría General de Luis Almagro.
"Estamos preocupados por la situación política del Perú", subrayó Vizcarra, un político que carece de partido y de bancada en el Congreso, pero con niveles récord de apoyo ciudadano, según las encuestas.
Vizcarra defendió el derecho de los peruanos a protestar contra Merino, lo que ocurre diariamente desde el martes en las calles de Lima y otras ciudades, y exhortó a que las manifestaciones sean pacíficas.
"Tenemos que hacer un llamado a la población para que se exprese pacíficamente [...], las manifestaciones tienen que permitirse", dijo a horas de nuevas marchas convocadas en Lima y otras ciudades. "La respuesta se la está dando el pueblo [en las calles] al señor Merino", agregó. "Y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones", dijo, afirmando que desde que asumió el nuevo gobierno "hemos visto ahora una policía agresiva".
Vizcarra acudió a la fiscalía para declarar sobre las denuncias de que recibió coimas en 2014 para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.
Esa causa dio pie a su destitución pero Vizcarra niega haber recibido los sobornos, de 600 mil dólares, según la denuncia.
Vizcarra aseguró que no dejará el país, ni se asilará en una embajada ni se hospitalizará para evitar las investigaciones de la fiscalía.
Edición: Laura Espejo
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