Un grupo de 127 organizaciones de la sociedad civil, 12 redes regionales de organizaciones defensoras y 41 personalidades de EU, México, Guatemala, El Salvador y Honduras pidieron a los gobiernos de sus países que reciban a las nuevas caravanas de migrantes con apego a su legislación interna y el derecho internacional.
Frente a las noticias sobre la salida de personas migrantes en una caravana del éxodo centroamericano, las organizaciones llamaron a los gobiernos implicados a "garantizar que su respuesta a esta población sea con estricto respeto a los derechos humanos y garantice la posibilidad de solicitar la condición de refugiado".
Los frecuentes éxodos están formados por personas desesperadas que huyen de "la creciente represión estatal, la violencia y persecución en sus países de origen, las condiciones derivadas del impacto ambiental y social ocasionado por los huracanes en Centroamérica", dice el mensaje de las organizaciones.
La situación de precariedad económica extrema que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se amplió y profundizó considerablemente en el último año por la crisis económica que ha resultado de la pandemia de COVID-19, a la que se sumó la devastación causada por los huracanes Eta y Iota.
A esto se agregan retos importantes en materia de violencia sexual y de género, abuso y discriminación contra comunidades indígenas, prevención del delito e impartición de justicia, debido a la debilidad institucional de los países de la región y a los problemas de corrupción.
Riesgos por plan acordado por México y EEUU
Las organizaciones consideran que el Programa "Quédate en México", vigente desde enero de 2019, seguido por el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, en junio de 2019, y los acuerdos de Cooperación para el Asilo, firmados por Washington con los tres países del llamado Triángulo del Norte centroamericano, "ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional".
Aunque el destino principal de muchas personas migrantes sigue siendo Estados Unidos, ya que cuentan con redes de apoyo en ese país y es en donde sienten que su vida e integridad están seguras, el documento resalta que "de manera creciente México se ha convertido en un país de destino".
En efecto, al tomar la decisión de no cerrar sus fronteras a personas solicitantes de protección durante la pandemia de COVID-19, México recibió 41 mil 329 solicitudes en 2020, mientras que más de 100 mil personas solicitaron la condición de refugiado en el país en los dos años anteriores, señala el documento conjunto.
Aunque el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a restaurar el derecho a acceder al asilo en la frontera con México y recibir 125 mil personas refugiadas este año, los expertos consideran que "este compromiso no exime a México de la obligación de ofrecer asilo a las personas que lo soliciten en el país".
Indican que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló “episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional mexicana en su respuesta a las caravanas”.
Asimismo, los gobiernos guatemalteco y hondureño han hecho uso de distintas corporaciones policiacas y militares "para la disuasión y contención de los flujos migratorios".
Finalmente denuncian que ante las últimas caravanas del éxodo centroamericano, a finales del 2020, en vez de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en México, las autoridades del país amenazaron a los migrantes con "penas de cinco a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud a otra persona".
El documento está firmado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, Al Otro Lado, Albergue Tochan-Nuestra Casa, Alianza Binacional Migración y Desarrollo, Ángeles de la Frontera, Asylum Access México, Border Kindness, Center for Gender & Refugee Studies, la Universidad Iberoamericana de México, Espacio Migrante, Golondrinas Migrantes, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Servicio Jesuita a Migrantes México, Sin Fronteras, y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras organizaciones.
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