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Foto: Reuters
La Habana. Estados Unidos y Cuba iniciarán negociaciones sobre dos fugitivos estadunidenses de los más buscados, como parte de un nuevo diálogo sobre cooperación judicial que fue posibilitado por la decisión del presidente Barack Obama de retirar a la nación caribeña de la lista de países patrocinadores de terrorismo, anunció este miércoles el Departamento de Estado estadunidense.
Funcionarios y ciudadanos comunes se mostraron alborozados en Cuba por la exclusión de la lista, apuntando que Obama repara una afrenta de décadas al orgullo nacional y despeja el camino para restaurar rápidamente las relaciones diplomáticas.
Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado, dijo que Cuba aceptó las negociaciones sobre los fugitivos, incluida Joanne Chesimard, alias Assata Shakur, a quien Fidel Castro otorgó asilo después de que ella escapó de una prisión estadunidense donde cumplía una sentencia por matar a un policía estatal de Nueva Jersey en 1973. Estados Unidos y Cuba discutirán además el caso de William Morales, un nacionalista puertorriqueño buscado en relación a atentados con explosivos en Nueva York en la década de 1970.
"Vemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de una embajada en La Habana como los medios a través de los cuales seremos capaces de presionar más efectivamente al gobierno cubano sobre asuntos judiciales como el de fugitivos. Y Cuba ha aceptado entrar a un diálogo judicial con Estados Unidos que funcionará para resolver estos casos", señaló Rathke. Se prevé que el diálogo aborde además la cooperación sobre delitos más rutinarios, dijeron funcionarios.
Un vocero del gobierno cubano no respondió el miércoles las llamadas de The Associated Press buscando su comentario, pero Josefina Vidal, máxima diplomática cubana para asuntos estadunidenses, descartó recientemente cualquier regreso de refugiados políticos.
Aun así, la noche del martes, Vidal dijo que "el gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida".
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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