La policía de Brasil comenzó a utilizar una ley de seguridad nacional de la época de la dictadura militar contra los críticos del presidente, Jair Bolsonaro, mientras sus detractores acusan al gobierno de tratar de silenciar la disidencia.
El viernes, manifestantes desafiaron a la policía en la capital, Brasilia, marchando con carteles contra Bolsonaro un día después de la detención de cuatro personas que lo calificaron de “genocida” por su gestión de la pandemia del coronavirus y mostraron una caricatura en la que aparecía el mandatario junto a una suástica nazi.
La ley de seguridad nacional, que data de 1983, dos años antes del final de la dictadura militar, considera delito dañar a los jefes de las tres ramas del gobierno o exponerlos a peligros. La vaga norma se ha usado recientemente para arrestar o investigar a críticos de Bolsonaro.
Aunque ya hubo acusaciones previas contra críticos del presidente, incluyendo el columnista de un diario, un caricaturista político y una popular estrella de YouTube, la ley se utiliza ahora cada vez más contra ciudadanos de a pie. Por el momento, los tribunales no han ratificado ninguna detención, pero los abogados expresaron su alarma porque la táctica se está generalizando.
Las dos manifestaciones en Brasilia reclamaron juicio político contra Bolsonaro por los errores de su gobierno en la lucha contra la pandemia, que ha causado cerca de 290 mil muertes en el país. Esta semana, las autoridades reportaron casi 3 mil decesos diarios. En varias ocasiones, el presidente se ha quejado de que es vilipendiado de forma injusta.
La policía federal ha realizado más de 80 investigaciones con base en la ley de seguridad durante los dos primeros años de Bolsonaro en el poder, y más de 10 en los 45 primeros días de 2021, según el diario O Globo. La media anual antes de su llegada al poder era de 11.
Piden que el presidente no intervenga en crisis de Covid-19
El vicefiscal general del Ministerio Público brasileño, Lucas Furtado, pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión apartar a Bolsonaro de las funciones administrativas y jerárquicas de los ministerios de Sanidad y Economía y de la Casa Civil, y evitar así su intervención en la gestión de la crisis del coronavirus.
Furtado solicitó también apartar de la gestión de la pandemia a otros cargos “que se identifiquen como responsables de la inercia y omisión de la ejecución de las políticas públicas de salud en el combate de la pandemia de Covid-19”, informó el portal brasileño G1.
Edición: Laura Espejo
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