La Jornada Maya
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Ciudad de México
Jueves 17 de mayo, 2018

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), entre otras instituciones, se pronunciaron en contra de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

En el marco del Día Nacional contra la Homofobia, que se conmemora hoy, alertaron sobre los peligros que conlleva la promoción y realización de esfuerzos que pretendan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas.

“Dado que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se debe impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de la salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales prácticas fraudulentas que violan los derechos humanos de las personas LGBTI”, señalaron.

Las instituciones explicaron que por lo regular estas prácticas se ejecutan a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base en su identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrían configurar malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como tortura.

Denunciaron que son prácticas “fraudulentas que atentan contra la dignidad, salud física, emocional y desarrollo libre de la personalidad, libre de violencia y discriminación de las personas de la diversidad sexual y de género no normativa”.

En un comunicado, las instituciones añadieron que “solamente a través de la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los espacios es que lograremos crear ciudades en donde todas las personas gocen del respeto a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad, sin violencia y discriminación, creando sociedades más fuertes, unidas e igualitarias”.

Expusieron que los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género establecen que los Estados “garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos”.

Además, los principales organismos de protección de derechos humanos tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano “han insistido desde hace tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a las personas LGBTTTI”.

Las instituciones enlistaron algunas de las acciones que las instituciones mexicanas han realizado. El COPRED “ha emprendido acciones orientadas a eliminar la falsa creencia de mirar a la homosexualidad y a la transexualidad como trastornos que deben de ser curados”.

Además, ha elaborado los Informes de avance de implementación de acciones en la Ciudad de México en la lucha contra las fobias hacia las personas LGBTTTI.

El Conapred mediante su Pronunciamiento 01/2017 “determinó que las llamadas “terapias de conversión” constituyen una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal con la colaboración de CONAPRED, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, expidió el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)” y Guías de Atención Específicas, con el objetivo de contribuir a garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios de salud a este sector de la población.

El pronunciamiento también es firmado por la asociación civil YAAJ México; la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAP); las secretarías de Salud y Educación de la Ciudad de México; La Asociación por las Infancias Transgénero; la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y la Universidad Insurgentes (UI).


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