OCNF hace recomendaciones a autoridades sobre feminicidios

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, documentó 8,904 asesinatos de mujeres de 2014 a 2017, sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, es decir únicamente el 24 por ciento.

En el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” se evidencia cómo la prevalencia de la impunidad es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización del delito de feminicidio, el cual es considerado una violación a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones más extremas de la discriminación y violencia en su contra.

A través del análisis de 14 casos acompañados por el OCNF, se evidencia la ruta y lo que implica para las víctimas y sus familias el sello de la impunidad. Esta ruta se construye con acciones y omisiones de las autoridades e inicia con su resistencia de reconocer -y por lo tanto investigar y sancionar- los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios. A ello se suma que los homicidas no son investigados sino que incluso son considerados como víctimas y que las investigaciones en su contra se inician por el delito el homicidio culposo y no por feminicidio.

En el periodo analizado, sólo 25 estados proporcionaron la información solicitada por el OCNF. Cabe señalar que varios de los estados que no proporcionaron la información -excepto Tamaulipas y Baja California Sur- tienen declaratoria o están en proceso de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

En este Informe realizado por el OCNF se identificó que durante 2014 a 2017 de los 1,886 feminicidios analizados, la mayoría de las mujeres víctimas tenían de 21 a 30 años de edad, es decir, se encontraban en edad reproductiva. Las mujeres fueron asesinadas a través de diversos métodos, desde: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos, heridas mutilantes y arma de fuego y fueron encontradas en espacios públicos como: carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros. En el periodo analizado el 30 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en su casa habitación.

Otro de los resultados del análisis realizado es en relación a la víctima con el victimario. La información revela que la autoridad desconoce en un número significativo, el vínculo entre la víctima y el victimario. Como lo es el caso de Sinaloa en donde de un total de 85 asesinatos de mujeres registrados en 2017, en el 94 por ciento de los casos la autoridad desconoce al victimario, lo que evidencia la falta de las diligencias básicas que deriva en impunidad.

En este informe el OCNF realizó un análisis de los tipos penales de feminicidio de las 32 entidades federativas, encontrando que 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito, pese a ello, las autoridades se rehusan a iniciar las investigaciones de las muertes violentas como feminicidio, iniciándolas incluso como supuestos suicidios. Por otra parte, 13 estados de la República no cuentan con un tipo penal adecuado lo que impide aún más acreditar el delito.

Dada la falta de información por parte de las autoridades, una de las fuentes para la realización de este estudio fueron los informes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en algunos estados como: Sinaloa, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz, el organismo reconoce una alta criminalidad, asimismo las expertas observaron que varios casos que tenían características feminicidas, no fueron investigados como tal, pues las autoridades argumentaron que estaban vinculados al narcotráfico, sin que se hayan investigado. Ejemplo de ello es el estado de Guerrero, en donde el Grupo de trabajo afirmó que muchos de los feminicidios están vinculados con el crimen o el narcotráfico. Esto además de su impunidad provoca su invisibilización, otros ejemplos son Michoacán, Morelos y Veracruz, entre otros.

En este diagnóstico se identificó que la tipificación del delito de feminicidio es insuficiente si no va acompañada de la elaboración de protocolos que cuenten con los más altos estándares para la adecuada investigación, ya que se requieren diligencias específicas para acreditar las razones de género establecidas en el tipo penal, es decir, la investigación del delito de feminicidio requiere de una investigación particular que garantice la debida diligencia con perspectiva de género.

De igual forma se identificó que los estados que no cuentan con Protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio son: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala). Por su parte el resto de los 26 estados a pesar de contar con protocolos, no todos incorporan en ellos los estándares de debida diligencia y perspectiva de género establecidos en las sentencias de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La revictimización, la difusión de imágenes e información sobre las víctimas en medios de comunicación que exponen la forma como fueron encontradas, la desacreditación a partir del uso de estereotipos de género, la criminalización y exposición de información sobre las investigaciones que ponen en sobre aviso a los probables responsables, fomenta la ruta de impunidad y la falta de acceso a la justicia.

El mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia, las inconsistencias en dictámenes periciales, la no existencia de análisis de contexto sobre los casos de feminicidio, la no garantía de los derechos de las víctimas, la inexistencia de un mecanismo efectivo de seguimiento a casos que verifiquen el cumplimiento de la debida diligencia y la ausencia de la perspectiva de género en las sentencias, son elementos que impiden a las víctimas y sus familias alcanzar la mano de la justicia.

En este periodo se registró una agudización de la violencia contra las mujeres, con casos como el recientemente visto en el estado de Veracruz contra la joven de 22 años que fue asesinada en Alvarado, a quien se le extrajo una bebé de 9 meses de su vientre o el caso ocurrido en Macuilxócitl, Oaxaca en donde una joven fue hallada entambada y con un balazo en los genitales, estos ejemplos expresan la crueldad, machismo, misoginia y la basurización de la vida de las mujeres.

Ante este contexto, en este informe el OCNF realiza una serie de recomendaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno entre las que destacan:

Que la SCJN desarrolle nuevos precedentes en materia de juzgamiento con perspectiva de género en los casos de feminicidio, que los estados consideren de manera prioritaria la creación de una Unidad de Análisis y Contexto para las investigaciones, así como la Creación de Grupos y Unidades de Investigación conformados por personal policial, pericial y ministerios públicos especializados en la investigación de muertes violentas de mujeres.

El estudio realizado con el apoyo de la Unión Europea, el Reino de los Países Bajos y Católicas por el Derecho a Decidir será presentado en diversos estados del país con el objetivo de visibilizar los obstáculos que impiden la acreditación del delito de feminicidio y los retos a los que actualmente se enfrentan, a fin de contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.