Alonso Urrutia
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 10 de abril, 2018

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revivió la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez Calderón al considerar que le violaron sus derechos de audiencia y no se le permitió la revisión de la totalidad de los apoyos invalidados por el Instituto Nacional Electoral. Aun cuando no cumplió con el umbral de firmas, se infirió que al haber recuperado algunas en otras fases, podría recuperar las 16 mil 656 que le faltaban, por lo que ordenó al INE registrarlo como candidato presidencial.

En el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la argumentación invirtió la postura del INE que de haber detectado las irregularidades a Rodríguez Calderón pasó a ser quien le violó sus derechos. Sin aludir a la simulación de firmas o las miles de fotocopias consideró: “a pesar de que el actor comparecía a la verificación de apoyos, la decisión sobre la validez o no de los apoyos registrados quedaba a la libre apreciación del personal comisionado por la autoridad, sin que exista constancia de cómo sucedió realmente ese procedimiento”.

Con una mayoría mínima de 4 a 3, revirtieron la decisión del INE, incluso, el magistrado José Luis Vargas -quien se ha caracterizado por la abierta confrontación pública a decisiones del INE-, calificó de “desaseado” el procedimiento de revisión de las firmas. En contraste, para los magistrados, Janine Otalora, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata reivindicaron que sí se le garantizaron la audiencia y que el TEPJF validó el esquema de validación de firmas.

Incluso, la magistrada presidenta cuestionó las consecuencias de aprobar el proyecto: “¿en qué situación quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del INE, de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar?”

Otalora fue mas allá y aseveró la importancia de garantizar “la legitimidad de los apoyos que son otorgado a quienes aspiran a una candidatura independiente. Esta exigencia es esencial para brindar certeza al respaldo ciudadano requerido y garantiza que esté libre de sospecha y manipulación. Además, es indispensable para garantizar, tanto al interesado como a la ciudadanía y a los demás contendientes que la incorporación de una candidatura tuvo un apoyo real e incontrovertible de un elector”.

Bajo el eufemismo de que era un proyecto “garantista” se señaló: “de las constancias del expediente se advierte que hubo rubros que la autoridad consideró unilateralmente que no eran subsanables, por lo que no le dio acceso al actor a su revisión y tampoco lo hizo respecto de la totalidad de los apoyos registrados en la etapa preliminar, pues en las actas en que se describieron sus comparecencias se asentó que se dio prioridad a los rubros en que la representación del promovente advertía que recuperaba mayor número de apoyos, y en la etapa definitiva, la autoridad expresamente negó su petición de verificar aquellos que no vio por considerar que no era posible regresar un etapa previa”


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