Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 24 de octubre, 2019
La Secretaría de la Función Pública ha solicitado información de la declaración patrimonial de Manuel Bartlett Díaz, así como reportes a los registros públicos de la propiedad de Ciudad de México, Puebla y Tabasco, y sociedades que puedan estar vinculadas al director de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la investigación sobre el funcionario, “estaremos dando puntual información y dando la cara”, dijo la titular de la secretaría, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Sin embargo, acotó: "No vamos en contra de nadie por deporte".
Durante su comparecencia ante el pleno de la cámara, y luego de preguntas que le hicieron legisladores de distintos partidos, explicó que la Función Pública solicitó a la contraloría interna del Senado las declaraciones patrimoniales de Bartlett entre 2014 y 2018.
También, a la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría de Ciudad de México, “para que se nos proporcione información registral sobre bienes inmuebles, sociedades vinculadas al investigado.
Diputados del PAN subieron a la tribuna con una manta en la que se leía “¿Así puede ver lo que vemos todos? #BartlettBienesRaíces” y se colocaron caretas de papel, con la imagen del director de CFE.
La panista Josefina Salazar preguntó por qué no hay información clara sobre “el caso Bartlett y por qué sigue en funciones, a pesar de que tiene casas con un valor de más de 800 millones”.
Sostuvo que mientras la postura gubernamental es combatir la corrupción, “casos muy cuestionados la Casa Blanca, una propiedad de 48 millones de pesos, hoy un secretario (sic) que tiene propiedades por 800 millones de pesos no se ha dado todavía una clara y precisa respuesta sobre en qué momento fue que se hizo de ellas”.
[b]Investigan a delegados por delitos electorales[/b]
Diez delegados del gobierno federal en los estados son investigados por el presunto uso con fines electorales de los programas sociales, informó Sandoval Ballesteros.
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Recordó que el uso de los programas sociales con fines electorales “es otro delito que se tipifica como delito grave y tienen prisión preventiva oficiosa”.
Reveló que hay 12 denuncias y se iniciaron investigaciones contra los súper delegados en Aguascalientes, Chihuahua Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Y continúa la investigación contra el ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció en medio de acusaciones por contrataciones para la adquisición de medicamentos por parte de sus empresas.
Informó que Carlos Lomelí compareció hoy ante la Función Pública, en su calidad de persona moral y de ex servidor público.
Recordó que el 13 de septiembre se publicó una circular con la inhabilitación por dos años y medio de dos de sus empresas, Lomedic y Solfrán, además de que se le aplicaron multas millonarias. Las sanciones, dijo, no han sido impugnadas.
A preguntas de los legisladores por las denuncias del uso electoral de los programas sociales, por parte de los súper delegados –incluso algunas presentadas por Morena-, Sandoval expuso que, terminadas las investigaciones, “todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a responsabilidad penal por usar recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”.
Dependemos en demasía de la electricidad; ¿qué pasa con esos rincones del mundo que viven en penumbra?
Rafael Robles de Benito
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